Parece que el tema monetario en la Municipalidad de Maipú está lejos de resolverse, pues en lugar de ver soluciones se siguen acumulando más y más deudas.
En esta ocasión se ha sumado la situación de un grupo de 273 trabajadoras y trabajadores de planta que, si bien tuvieron cambios de grados ya sea por un ascenso o la aplicación de Ley de Plantas (20.922), estos se hicieron en el límite del plazo y sin reajuste.
La Ley de Plantas Municipales, con su última modificación en 2016, consiste en una nueva «facultad otorgada a los alcaldes y alcaldesas, con el acuerdo del Concejo Municipal, para fijar o modificar sus plantas municipales cada ocho años» con el objetivo de «construir o reordenar su estructura institucional de acuerdo a las necesidades específicas, bajo principios de responsabilidad y probidad», según se describe en su página web.
En base a la disposición legal antes mencionada, el 31 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la aprobación del reglamento que modifica planta de personal de la Municipalidad de Maipú, la cual determinaba que, a partir de enero de este año, correspondía ejecutar un proceso de «encasillamiento» a todos los funcionarios que cumplieran con ciertos requisitos y que, junto con el aumento de cargo, tuviera lugar el aumento de sueldo correspondiente, todo con un plazo de 180 días.
Ante esto, el municipio no solo se tomó los seis meses y aplicó el encasillamiento recién en julio de este año, sino que lo hizo particularmente con este grupo de 273 funcionarios pues la misma alcaldesa junto a sus trabajadores de confianza y algunas otras áreas recibieron su aumento desde principio de año. En el caso de la edil, el incremento le significó un 19% adicional.
En ese contexto, cabe señalar que, independiente de la fecha en que finalmente se realizara el proceso dentro del margen del tiempo estipulado, el aumento de salario corría a partir de la entrada en vigencia del reglamento, es decir, desde el 1 de enero de 2020, por lo que se habla de pagos retroactivos que son los que no se han realizado.
Víctor Contreras, presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Maipú (AFUMMA), comentó que desde el gremio se reconoce plenamente el derecho de la alcaldesa para subir de grado y de sueldo, lo mismo con los trabajadores a los que sí se les aplicó la ley apenas entró en vigencia, pero sañala que «le peguntaría a la administración, si tuvieron la certeza para pagarse desde enero, ¿por qué no lo hicieron con el resto? Es cierto que la ley establecía un plazo, pero por qué no lo hicieron con el resto».
«Ellos piensan que nos están haciendo un favor como trabajadores y dejamos de manifiesto que no es un favor, que no están haciendo absolutamente nada que no nos merezcamos», insistió.
Luis Neira, por su parte, también dirigente de AFUMMA y funcionario municipal desde hace más de 30 años, destacó los argumentos y la propuesta que entrega el municipio sobre emitir los pagos pendiente en tres meses, ya que el problema correspondería, principalmente, a un «problema de caja».
“Los trabajadores no tienen por qué pagar el costo de una mala administración. Si esto hubiese sido parejo, donde no se hubiesen considerado solo ellos, la verdad es que estaríamos en condiciones de aceptar cualquier propuesta, pero hoy no estamos en condiciones», expresó Luis.
Tanto Víctor como Luis coinciden en señalar que la administración actual ha sido constantemente negligente con sus funcionarios y funcionarias y se sienten totalmente pasados a llevar. Reconocen que ningún alcalde ha sido perfecto, pero que nunca han sentido un reconocimiento práctico y significativo por parte de Barriga, sino al contrario.
«En las pocas oportunidades que hemos tenido para manifestar nuestro descontento, lo hemos hecho, pero con la alcaldesa nos hemos juntado una única vez en estos casi 4 años. Solo una vez nos hemos sentado a conversar y desde ahí nunca más», dijo al respecto Víctor.
Ya ha pasado más de un mes desde que se cumplió el plazo y todavía no hay ningún peso de reajuste de sueldo en los bolsillos de los 273 trabajadores y trabajadoras afectadas.
Al cierre de esta edición, todavía no se llega a ningún acuerdo entre las partes.
