Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administradas en centros de salud públicos, estaban defectuosas y ordenó su retirada del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de Anulette CD, pese a que la empresa ya había distribuido alrededor de 276 mil blísters defectuosos que llegaron a consultorios de todo el país. Posteriormente, se ordenó el retiro del mercado de la segunda por nuevos problemas de composición, con alrededor de 5 mil pastillas entregadas.
Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, según datos que entregó Corporación Miles Chile.
Fue el 24 de agosto del año pasado cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta para evitar la distribución de las pastillas anticonceptivas Anulette CD por errores en el paquete: se colocaron placebos en lugar de píldoras con el principio activo, y viceversa.
De la misma forma, posteriormente se ordenó el retiro de los lotes de Minigest 15 y 20, tras comprobar que su efectividad se había reducido más de lo aceptable por la norma sanitaria. El resultado: 111 mujeres que denunciaron haber quedado embarazadas por el error del laboratorio.
Tras esto, Miles Chile y Women’s Link Worldwide presentaron los casos ante diferentes relatorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo al Estado chileno que repare a las afectadas, garantice información veraz y ejerza controles estrictos en cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Al respecto, Silesia S.A, laboratorio que produce Anulette, declaró a Diario Financiero que “el análisis de fabricación de los comprimidos, en cuanto a su acción farmacológica, cumple con las especificaciones exigidas, por lo que su eficacia anticonceptiva en ningún momento se vio comprometida”, entregando la responsabilidad hacia los centros de salud.
Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que el responsable original es el laboratorio que hizo mal el procedimiento, y que para que haya compensación a las mujeres embarazadas involucradas se debe demostrar que por la falla quedaron embarazadas.
Las afectadas están siendo asesoradas judicial y psicológicamente por la Corporación Miles, y se encuentran preparando una batalla legal contra el Estado de Chile y los laboratorios involucrados, según constata El Periodista.
Testimonios de embarazos no deseados
En un trabajo realizado por la Agencia EFE, se recopilaron los testimonios de varias de las mujeres afectadas. Estefany Cavieres, de 28 años, conoce bien los síntomas del embarazo. Duelen la tripa y los pechos, se tienen náuseas y se está cansada. Por eso, cuando los sintió, no lo dudó: era una de las 111 chilenas que se habían quedado embarazadas por culpa de anticonceptivos defectuosos.
«Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme, había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila», explica la joven, que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en hospitales públicos.
Sin embargo, pronto confirmó sus sospechas. Una negligencia farmacológica había truncado sus planes de vida, conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
Otra de las afectadas es Valentina Donoso, de 21 años. Está embarazada de 6 meses y medio, pese a que también «se estaba cuidando con Anulette CD», un anticonceptivo distribuido en numerosos centros de salud públicos de Chile, en los que miles de mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos reciben sus medicamentos.
Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho a aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.
Pese a que en Chile el veto total contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que actualmente está en discusión en el Parlamento.
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