En pleno estallido social, en enero de 2020, la cámara de diputados aprobó con127 votos a favor, la idea de legislar el proyecto de ley de Sebastián Piñera que criminaliza la protesta social, reprime las demandas, restringe las movilizaciones, entrega más atribuciones a policías y fiscales, y eleva las penas a los infractores, principalmente jóvenes con espíritu de lucha y de cambio.
Todas las representaciones políticas que hacen vida en ese desacreditado Congreso Nacional (sin excepción), dieron luz verde a ese proyecto que reprimiría al pueblo, autorizando la iniciativa a través de la «aprobación» y la «abstención», entre ellos los jóvenes diputados/as transgresores del FA que estuvieron disponible para iniciar la represión de las demandas sociales con impunidad.
Sólo 7 diputados de un total de 150 rechazaron de manera directa ese proyecto, que hoy lamentablemente es ley.
El asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli a manos de la policía, es la implementación de una norma que fue autorizada por los partidos que gobiernan y legislan desde la Moneda y desde el Congreso, y que decidieron cambiar el rumbo de los acontecimientos y la proyección política del estallido social con leyes de represión popular, asegurando entre otras cosas, que el futuro del debate constitucional se dé dentro de los marcos neoliberales que ellos necesitan: la pacificación social de Chile.
Nuestra idea de justicia para Francisco Martínez no puede estar radicada únicamente en los tribunales de justicia, nuestra idea de justicia debe ser eminentemente política. Debemos hacer todo lo humanamente posible para liberar a la población de tanta norma de represión social que persigue principalmente a jóvenes y sus anhelos de democratización. Esa será una de las grandes cadenas que debemos romper en el debate constitucional que se avecina.
