Los últimos días hemos visto a través de las redes sociales y los medios de comunicación las disputas entre vecinos y vecinas, agresiones, comentarios y actitudes xenófobas, conflictos barriales que dividen a la comunidad; hemos escuchado las justificaciones de las autoridades locales que poco o nada han hecho tirando la pelota al córner; y finalmente el duro accionar de Carabineros para el desalojo de la toma del llamado Parque el Pajonal.
Parque La Aguada o El Pajonal ha sido utilizado como argumento de campaña por más de dos décadas por los alcaldes Sepúlveda, Undurraga, Vittori y Barriga. Peor aún, hemos presenciado el show de primeras piedras, inauguraciones y gestiones inconclusas que no han concretado nada.
Contó con financiamiento del Gobierno Regional (FNDR) para el inicio del Parque en una franja, pero nunca se supo qué pasó con esos recursos aprobados (años 2012/2013). Hubo consultas ciudadanas, procesos de diseños participativos, constantes limpiezas del terreno (años transformado en basural) y costosos estudios de suelo. También escuchamos los compromisos de compra del terreno por parte de las distintas gestiones municipales, pues es de propiedad de la familia Walker Arangua, de la instalación de luminarias, y del cierre perimetral. Hace unos días, el intento de toma de la parte baja del terreno, se convirtió en la nueva noticia sobre estas casi 12 hectáreas ubicadas entre las calles Alaska, Primo de Rivera, Lumen y Las Torres.
Quienes conocemos el lugar sabemos que no es apto para la construcción de viviendas por ser originalmente un humedal, pero eso obviamente no es impedimento para quienes en nuestro país no tienen una vivienda, pues la búsqueda de cumplir el sueño de la casa propia y dejar la calidad de arrendatarios o allegados, lleva a extremar medidas. Pues esta es la realidad por la que atravesamos. De acuerdo a la Fundación, al año 2019 existían 802 campamentos en el país, mientras que al 2020 habían 254 tomas de terreno y 2.100.000 personas sin vivienda. Claramente un problema que debe ser tema central en el proceso constituyente, ya que el Estado hoy no garantiza este derecho fundamental, que por cierto ni siquiera está consagrado en la actual Constitución.
El Campamento Japón, parte alta del Pajonal, ubicado a continuación de la Villa Valle Verde, ya tiene 10 años y ha sufrido varios incendios. Las condiciones de vida son precarias con una infraestructura liviana y con muchos conflictos en lo social, pues tampoco hay una política de acompañamiento desde los municipios ni desde el Serviu a los campamentos ya establecidos, que proliferan con fuerza en nuestro distrito (Cerrillos, Lampa, Colina, Pudahuel y Maipú).
Pero también están los legítimos sueños de los vecinos y vecinas del barrio Clotario Blest, a quienes se les ha ofrecido un Parque con infraestructura municipal por más de 20 años. Organizados en la Coordinadora ProParque Pajonal lucharon por años, juntaron firmas y presionaron a las distintas autoridades para que cumplieran el compromiso de transformar este sitio eriazo en un gran Parque Intercomunal. Han debido soportar malos olores, convivir con un basural delante de sus casas, y con una manzana completa que les genera mucha inseguridad. Es evidente que no sólo en Maipú faltan más pulmones verdes, hay un serio déficit de parques y áreas verdes en nuestro país y principalmente en el sector norponiente de la Región Metropolitana.
Es imperativo que los terrenos de propiedad de Bienes Nacionales que estén aptos deben ponerse a disposición de la construcción de viviendas sociales, y no como ocurrió en el Parque Bicentenario que después de muchos años de ofrecimiento y utilización electoral se les cerró la puerta a los comités de vivienda de Cerrillos y terminó en manos de la especulación inmobiliaria. Además, se debe hacer un estudio de los terrenos disponibles para generar más parques y eliminar los sitio eriazos que hoy son sólo basurales en los sectores populares de la región.
El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad deben estar garantizados en la Nueva Constitución, y con ello toda la institucionalidad (municipal y ministerial) debe acompañar y apoyar a cada una de las familias que habitan nuestro país a cumplir con este sueño, o más bien derecho, que el libre mercado y la especulación les arrebató.
Claudia Mix Jiménez
Diputada Distrito 8 – Comunes
