En esta ocasión, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resolvió a favor de un trabajador de SMAPA que fue desvinculado a fines de 2019, luego de comprobar que en su relación laboral hubo un «vínculo de subordinación y dependencia».
A estas alturas, a unas cuantas semanas de las elecciones municipales en donde Cathy Barriga apuesta nuevamente por el sillón alcaldicio, los casos de los cientos de trabajadores y trabajadoras a honorarios despedidos desde que ella asumió el cargo son bastante conocidos.
A pesar de las insistentes solicitudes de rendición de cuentas de parte de varios concejales por la cantidad de dinero que la Municipalidad ha debido desembolsar por concepto de demandas laborales, al día de hoy aún no está clara la cifra.
La única que se conoció hace meses, a fines de agosto de 2020, fueron los $8.600 millones que se mostraron «por error» en un Concejo Municipal, justamente en un período donde la discusión por este tema estaba sobre la mesa, lo que de todas maneras se mantiene lejos de ser la cifra estimada final, sobre todo tomando en cuenta que se siguen sumando casos.
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Lo cierto es que, de la gran cantidad de personas contratadas a honorarios que han sido desvinculadas, aquellas que se han mantenido firmes con un proceso judicial han logrado comprobar ante los tribunales relaciones laborales que van mucho más allá de «proyectos específicos y determinados».
Como se ha explicado en ocasiones anteriores, los contratos a honorarios se establecen en el marco, justamente, de tareas de carácter específico, sin que haya vínculo de subordinación o dependencia que establezcan una «relación laboral». Sin embargo, son cientos los trabajadores a honorarios que finalmente cumplen con esto último, generando un verdadero problema a la hora en que son despedidos.
Así fue el caso de Guido González, quien trabajaba como lector de medidores de agua para SMAPA desde agosto de 2017, con quien desde entonces hubo un total de seis contratos a honorarios hasta el 31 de diciembre de 2019, siendo desvinculado «sin invocar causal».
Guido realizó una demanda al Municipio ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y el pasado 19 de febrero, a casi un año de interpuesta la acción judicial, el ente acogió la demanda y reconoció tanto la relación laboral como el despido injustificado, condenando a la Municipalidad de Maipú a pagar una indemnización.
De acuerdo con el detalle publicado en el Diario Constitucional, dentro de los montos se considera el pago de cotizaciones previsionales en AFP, salud y AFC del período trabajado, el pago de remuneración hasta que el Municipio se ponga al día con el pago de cotizaciones, indemnización del aviso previo, años de servicios y feriados legales, además de considerar el incremento legal del sueldo.
El estimado de la suma de esta deuda supera los $40 millones, los cuales deberán salir directamente de las arcas municipales.
