Esta mañana la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Fosis, ANFFOS, representada por su presidente, Patricio Lama, junto a los Diputados/as de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Claudia Mix y Boris Barrera y el Presidente Nacional de ANEF, José Pérez Debelli, ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra del director de Fosis, Felipe Bettancourt Guglielmetti y la superioridad jerárquica del Servicio, que, según sostienen los patrocinadores, han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que ocasionaron un grave daño al patrimonio de la institución y del fisco.
Fundamentos de la denuncia contra el Director de FOSIS
A comienzos de agosto de 2018, esto es, apenas un mes después de haber asumido el cargo el actual Director de FOSIS, se produjo un despido masivo en diversas direcciones regionales y a nivel metropolitano, entre términos anticipados de funcionarios a contrata y términos anticipados de contratos a honorarios, cuestión que fue de amplia connotación pública en dicha oportunidad.
Sin embargo, lejos de detenerse las desvinculaciones masivas en aquella oportunidad, este proceso de despidos ha continuado desde entonces y, de hecho, aún no ha cesado.
Como era de esperar, muchos funcionarios/as recurrieron a diversas vías para impugnar tales desvinculaciones. Así, hubo personas que acudieron a la Contraloría General de la República, otras que interpusieron acciones ordinarias e incluso de tutela de garantías fundamentales y otros tantos recursos de protección ante diversas Cortes de Apelaciones del país.
Como Asociación Nacional de Funcionarios/as de FOSIS, pusimos a disposición de nuestros compañeros/as despedidos todas las herramientas que jurídica y materialmente disponíamos. Gracias en parte a lo anterior y al esfuerzo individual de cada uno de estos funcionarios/as que se opusieron a aquellas medidas ilícitas, FOSIS tuvo que reincorporar a muchas de las personas que había desvinculado. Otras tantas no se reincorporaron, pero fueron indemnizadas con cuantiosas sumas, como consecuencia de sentencias que fallaron en contra de FOSIS, considerando injustificados los despidos o bien estimando que derechamente se habían cometido vulneraciones a las garantías fundamentales de tales personas.
Asimismo, tomamos conocimiento que, en algunos casos, seguramente asumiendo el Servicio que habían obrado fuera del marco normativo vigente, FOSIS directamente terminó firmando avenimientos con el personal desvinculado a fin de evitar la prosecución de juicios que probablemente hubiera perdido, como había venido aconteciendo.
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En nuestra posición de Asociación gremial nos percatamos que la cantidad de funcionarios/as y servidores/as que obtenían indemnizaciones crecía en número, llegando a cifras inusualmente altas en comparación a otras instituciones públicas. Por lo mismo, comenzó a preocuparnos las ingentes sumas que FOSIS tuvo que desembolsar como consecuencia del obrar ilegal y arbitrario de sus máximas autoridades
En función de lo anterior, la Asociación de Funcionarios/as del Fosis realizó recientemente una investigación en base a información entregada por el propio servicio, amparados en la ley de acceso a la información pública, más lo identificado en la página del poder judicial sobre juicios ya ejecutoriados, y se logró determinar que desde agosto del año 2018 a junio del 2021, en el Fosis se han pagado $355.740.680 por concepto de indemnizaciones y pago de remuneraciones con efecto retroactivo relacionadas a desvinculaciones consideradas ilegales y arbitrarias por los tribunales; y otros $70.142.809 por concepto de asesoría legal externa para estos juicios. Lo anterior ha traído como consecuencia un perjuicio económico, hasta la fecha, de $425.883.489 para el patrimonio fiscal.
Esto, sin considerar que aún existen más de una docena de juicios por despidos arbitrarios en proceso, lo que permite augurar que antes del término de este gobierno, las autoridades de Fosis habrán pagado más de 500 millones en indemnizaciones.
Asimismo, esta misma investigación realizada por la Asociación de Funcionarios/as detectó que en varios juicios laborales las autoridades de FOSIS llegaron a acuerdos millonarios con sus exfuncionarios/as antes incluso de tramitar dichos litigios; así como también se observan otros tantos casos en los cuales el FOSIS fue condenado, a través de lapidarias sentencias de primera instancia, en las cuales se estableció que las desvinculaciones obedecieron a una vulneración de derechos y a una motivación discriminatoria, ordenando pagos millonarios en indemnizaciones, y dichas sentencias nunca fueron apeladas ante ninguna instancia superior, por parte de la autoridad del FOSIS.
En tal sentido, el hecho que las máximas autoridades del FOSIS hayan llegado a acuerdo en las audiencias preparatorias de varios juicios por despidos arbitrarios y vulneración de derechos, asumiendo voluntariamente el pago de millonarios montos indemnizatorios a los funcionarios/as desvinculados, o que no hubiesen apelado a los fallos de primera instancia, da cuenta que estas mismas autoridades tenían absolutamente claro las ilegalidades cometidas y no dudaron en pagar sumas millonarias con tal de desvincular a estos funcionarios/as, a pesar de no tener los fundamentos legales para hacerlo. El problema es que esos acuerdos millonarios por los despidos arbitrarios son con cargo al erario fiscal
La información recabada da cuenta que, hasta la fecha, en al menos 37 casos el FOSIS tuvo que desembolsar recursos públicos por concepto de reincorporaciones e indemnizaciones relacionadas a desvinculaciones que fueren llevadas a cabo de forma ilegal y arbitraria, según lo han determinado los tribunales de justicia.
Lo que se solicita al Contralor General de la República:
- Que se inicie un procedimiento disciplinario con el objeto de indagar las responsabilidades administrativas asociadas a los hechos que se denuncian y que se apliquen, en definitiva, las sanciones que en derecho correspondan.
- Dado que la denuncia se formula en contra del Director de FOSIS y dado asimismo que los montos involucrados superan las 8.000 UTM, se solicita que el sumario administrativo sea instruido directamente por esa Entidad de Control.
Que dado el millonario detrimento a los fondos públicos que ha implicado la conducta ilegal y arbitraria que por este acto se denuncia, se solicita al Contralor General de la República que el procedimiento disciplinario que se ordene instruir tenga especialmente presente las eventuales responsabilidades civiles emanadas de los hechos denunciados para la formulación de los pertinentes reparos que den lugar, en definitiva, al correspondiente juicio de cuentas.
