El 25 de noviembre pasado, tres concejales de Maipú presentaron a contraloría antecedentes sobre un millonario acuerdo entre la Muni de Maipú y la empresa Copergo.

La denuncia fue hecha por Pedro Delgadillo, Marcela Silva y Abraham Donoso, y en ella piden pronunciamiento de la Contraloría por un acuerdo que supera los mil millones de pesos, que a juicio de los concejales tendría varias irregularidades.

Todo comenzó con la suscripción de 5 contratos a la empresa Constructora Pérez y Gómez Limitada (Copergo). Contratos suscritos el 12 de diciembre de 2016 y aprobados por 5 decretos alcaldicios el 26 de enero de 2017. Según consta en el escrito, cada uno de los contratos tenía un plazo de 730 días corridos y el presupuesto disponible para cada módulo era de $578.625.300, con un total disponible para la licitación de $2.893.126.500.

Sin embargo, y como consta en el escrito, mediante distintos decretos alcaldicios se le dio término anticipado a los contratos debido al incumplimiento del servicio. El documento cita textual:

«el contratista ha incumplido el objeto del contrato celebrado, dejando las labores de mantención, reparación e instalación de redes de agua potable a medio ejecutar, situación que no satisface la necesidad planteada originalmente en las bases técnicas y administrativas que dieron origen a la contratación y a las obligaciones subsecuentes”.

Frente a esto, al empresa contraatacó judicialmente con una demanda, pidiendo el cobro de las facturas que corresponden a una deuda de $1.097.243.687, ante lo cual la municipalidad accedió a pagar, representada por Valeria Díaz (área jurídica) y Felipe González (presupuesto).

Este es el punto donde los concejales cuestionan el actuar de la municipalidad, pues en el escrito argumentan:

«[R]esulta incomprensible el actuar de la Ilustre Municipalidad de Maipú, puesto que, si el fundamento para poner término anticipado a los contratos es el incumplimiento de ellos, por faenas de trabajo abandonadas, ¿cuál sería la razón por la cual el municipio arriba a un “acuerdo” con la empresa Copergo y accede al pago íntegro de las facturas demandadas?»

Efectivamente, hecho el acuerdo, luego había que pagar. Y ese pago se pidió en la Comisión de Finanzas mediante la Modificación Presupuestaria N°5 del Presupuesto Municipal, donde se piden dos aumentos de 500 millones de pesos para la «cancelación de un porcentaje de los estados de pagos pendientes del contrato de mantención de redes del año 2017”.

¿Dónde está la plata  y por qué no se apeló?

Hasta aquí todo ocurría siguiendo el curso normal del acuerdo. Es decir, la empresa no cumplió, se eliminó el contrato, la empresa demandó, se acordó pagar lo que se debía. En la práctica, la empresa igual se lleva su tajada sin siquiera cumplir con el contrato.

Alguien podría decir que es un mal acuerdo, pero es un acuerdo al fin y al cabo.

El problema vino cuando en la Comisión de Finanzas, los concejales preguntaron por el dinero que ya estaba aprobado para esos 6 contratos.  La pregunta se hizo porque se suponía que ese dinero estaba resguardado para pagar, por lo que se podía sacar de ahí el dinero del acuerdo.

Pero la plata no estaba.

La respuesta desde la municipalidad, según consta en el escrito, es que el dinero se gastó. Es más, les dijeron que «no se podía explicar en qué, pero se había gastado«. Es decir, no estaba la plata destinada para pagar el contrato que ya estaba suscrito, por lo que tampoco se podía usar para pagar el acuerdo.

El segundo punto que extraña a los concejales es por qué la administración desistió del recurso en la Corte de Apelaciones. Es decir, pudiendo apelar no lo hizo. O dicho en palabras de los denunciantes:

«Lo anterior configuraría un enriquecimiento sin causa por parte de Copergo con la venia del municipio trayendo consigo un menoscabo al patrimonio. Es más, si el municipio puso término anticipado a los contratos ¿por qué no demandó el incumplimiento de los mismos, con la correspondiente indemnización de perjuicios? En vez de actuar pasivamente y terminar pagando por servicios no ejecutados según la administración«.

Finalmente, como guinda de la torta, reclaman la falta de consulta ante los concejales, pues según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) el «alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para: letra i) Transigir judicial y extrajudicialmente».

Esta práctica recuerda lo que nuestro medio ha denunciado reiteradamente en relación a las compras fragmentadas, las cuales se dividen bajo las 500 UTM para evitar pasar por la aprobación del Concejo Municipal.

Junto con esto, también citan jurisprudencia donde se demuestra que es necesaria la consulta al Concejo Municipal ante este tipo de decisiones judiciales.

Por todo esto, piden que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo sin previa aprobación del Concejo Municipal

También solicitan saber si hubo «detrimento» (pérdida) al patrimonio municipal debido a la cancelación y luego pago de los servicios no prestados.

Piden además saber si existe alguna responsabilidad administrativa de la alcaldesa Cathy Barriga ante la eventual «contravención al principio de legalidad y de probidad administrativa«.

Queda ahora saber los descargos de la municipalidad frente a estas graves acusaciones. Descargos que probablemente veamos en próximas transmisiones en la cuenta de Instagram de la alcaldesa o en la próxima discusión del concejo, como suele ser la tónica frente a este tipo de hechos.

VER ESCRITO PRESENTADO ANTE CONTRALORÍA

Postdata: nuestro medio se ha intentado contactar reiteradamente con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Maipú, pero hasta la fecha no existen canales formales de interacción o confirmación de información.

Créditos imagen de portada: Sally