Es 26 de julio de 2019 y desde la oficina de quien -en ese entonces- detenta el cargo de Directora de Asesoría Jurídica del Municipio de Maipú: la abogada Valeria Díaz Camus, sale el memorándum número 961. El documento va dirigido a Andrea Díaz Troncoso, quien en esa fecha ejercía como Administradora Municipal. El asunto del documento es: “solicita autorización para contratación directa”.
En el documento la directora jurídica solicita a la administración municipal el visto bueno para “proceder a la contratación, mediante el procedimiento administrativo de trato directo, de la asesoría del profesional Roberto Garrido».
Garrido es fundador del Estudio que lleva su apellido: Garrido y Ormazábal, y en la página web de su empresa se lee que es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Andrés Bello, Magíster (C) en Derecho con mención en Derecho Público y Privado de la Universidad de Chile.
Corría el mes de abril del año 2017 y la revista Capital publicaba en su edición online que: «Luego de permanecer en la Contraloría General por casi ocho años (todo el mandato del excontralor Ramiro Menzoda), los abogados Roberto Garrido y Claudia Ormazábal decidieron fundar su propio estudio. Ambos ejercieron importantes cargos de jefatura tanto en la División Jurídica , como en la División de Municipalidades, respectivamente, por lo que cuentan con gran experiencia».
Sin embargo, el Municipio de Maipú no contrató los servicios del estudio, sino que del abogado dueño del mismo. Mediante un trato directo, se acordó pagar 800 unidades de fomento (poco más de 22 millones de pesos).
En el memorándum 961 se especifica que el abogado deberá realizar una “consultoría sobre el funcionamiento interno (del municipio) de acuerdo a los criterios aplicados por la Contraloría General de la República, en relación al buen uso de los recursos municipales”.
Hasta acá nadie podría poner en entredicho que, más allá de decidir hacer el trato comercial sin hacer un llamado público, Garrido tiene experiencia suficiente para llevar adelante lo que el Municipio demanda.
La idea desde el Departamento Jurídico del Municipio era disponer de un insumo que les permitiera saber cómo funciona el municipio y cuan alineado o no está con los criterios que se aplican desde la Contraloría General de la República.
Apenas algunas semanas después del envío del memorándum la administradora municipal aparece firmando «por orden de la señora alcaldesa» el decreto alcaldicio número 3109 del 16 de agosto de 2019. En el documento se especifica que el valor del servicio será de 800 UF incluido el 10% de retención y que se pagará el servicio a través de dos cuotas de 400 UF cada una.
El aterrizaje de Roberto Garrido en Maipú
Con el decreto listo y la orden de compra aceptada, señala un trabajador del departamento jurídico del Municipio, quien solicitó reserva de identidad: «la abogada María Angélica Ormazábal comenzó a pedir que se habilitara un espacio para que los profesionales pudieran realizar su trabajo».
María Angélica Ormazábal era -en ese tiempo- asesora de máxima confianza de la Directora de Asesoría Jurídica: Valeria Díaz Camus. Por ello, no era de extrañar que estuviera preocupada por que el servicio del abogado Garrido se materializase.
A Maipú, cuenta una fuente Municipal, el abogado Garrido llegó acompañado. «Trabajaba algunos días junto a un abogado cuyo nombre no recuerdo y venía también una abogada que había trabajado en contraloría. Ella se llamaba Yasna Ardiles», comenta.
Sin embargo algunos profesionales del departamento de asesoría jurídica comenzaron a tener sospechas del aterrizaje de Roberto Garrido y Yasna Ardiles en el Municipio de Maipú. «Pedían un diagnóstico de la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del municipio entre los años 2015 a 2018. Un periodo de tiempo enorme, considerando que el plazo de ejecución del contrato era de 30 días. Cualquier persona entendida en la materia, le dirá que en 30 días es imposible hacer el trabajo para el que fueron contratados, más en un municipio tan grande como el de Maipú», nos explican.
La presencia de Roberto Garrido y Yasna Ardiles queda acreditada a través de una fotografía que la misma Alcaldesa Barriga subió a su instagram. En ella se ve también a Valeria Díaz (Directora de Asesoría Jurídica).
Las sospechas se disparan: pagos express y sin respaldo
Es 30 de agosto de 2019 y han pasado menos de 15 días desde que la Administradora Municipal estampó su firma en el decreto alcaldicio que autorizaba la ejecución del servicio. La abogada María Angélica Ormazábal -en palabras de testigos- «apuraba los pagos y jugaba para el equipo de Roberto Garrido». Sin embargo lo que encendió todas las alarmas en el departamento jurídico, fue que el 30 de agosto se emitió un decreto de pago por $11.193.624 en favor del abogado Garrido. La rapidez en el pago, confirmaba que alguien estaba «operando» para que las platas salieran rápido. Un funcionario del departamento nos dice que «estaba raro el contrato. Harta plata, poco tiempo de ejecución, un pago increíblemente rápido y sin ningún informe que respaldara el trabajo que estaban haciendo».
Ante las suspicacias que generaron los abogados externos en el departamento, bastó una consulta en google para que todo tuviera sentido.
«Entendimos todo cuando buscamos a Roberto Garrido en google. Ahí descubrimos que tiene un Estudio de Abogados llamado Garrido & Ormazábal y que su socia en ese estudio es la abogada Claudia Ormazábal Retamales, quien es hermana de María Angélica Ormazábal Retamales, brazo derecho de la Directora de Jurídico: Valeria Díaz. Por ello no contrataron al estudio, sino que Roberto Garrido fue contratado de forma personal, para esconder la empresa que estaba detrás. Evidentemente hay tráfico de influencias y un evidente conflicto de interés», sostiene un abogado del municipio.
Quizás por ello María Angélica Ormazábal habría estado tan proactiva, a la hora de ayudar a Roberto Garrido.
Nuestro equipo de investigación periodística, realizó una búsqueda en mercadopublico.cl, con el fin de dilucidar si era normal que Roberto Garrido cerrara acuerdos comerciales usando su rut particular, y no el de su estudio de abogados. Al ingresar su rut encontramos que el único negocio que ha realizado el abogado a través de la plataforma, es con el Municipio de Maipú.
Asimismo la ORDEN DE COMPRA indica que fue enviada el día 30 de agosto de 2019 a las 13 horas con 14 segundos. El mismo día en que fue pagado la mitad del servicio
El 24 de septiembre de 2019, el Municipio -estableciendo un tiempo record de pago- canceló los $10.081.408 a Roberto Garrido Matamala. En el departamento jurídico varios declararon que «el informe que debían entregar, aún nadie lo ha visto. Lo único que se sabe es que fue pagado sin existir respaldo».
Epílogo:
Andrea Díaz, Valeria Díaz y María Angélica Ormazábal fuera del Municipio
A fines de septiembre Barriga despidió a Andrea Díaz como Administradora Municipal. En su lugar colocó a la abogada Yasna Ardiles (quien participó en la elaboración del desconocido informe del abogado Roberto Garrido).
Antes del arribo de Ardiles a la Administración Municipal el nombre de Valeria Díaz (Directora Jurídica) sonaba con fuerzas para asumir el cargo. Sin embargo antes del 20 de noviembre de 2019, Barriga despidió a la abogada que ejerció como Directora Jurídica. En su lugar asumiría Ericka Faría Guerra, quien se desempeñaba en el mismo cargo en el Municipio de Punta Arenas y quien fue asesora en la Fundación Jaime Guzmán.
María Angélica Ormazabal, la abogada que habría intermediado el contrato, al parecer renunció a su cargo. Toda vez que en el sitio web de transparencia del Municipio de Maipú no aparece cobrando sueldo en octubre.
¿Tuvo que ver este negocio en las salidas de todas las involucradas?. En el Departamento Jurídico hay versiones encontradas. Algunos aseguran que «Barriga supo de este negocio y le pareció mal». Sin embargo otros aseguran que los problemas fueron otros: «Si el negocio le hubiera parecido mal, Yasna Ardiles no hubiera terminado como Administradora Municipal», sentencia una fuente municipal.
