El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a trámite la querella interpuesta en contra de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. La denuncia tiene motivo del colapso de la locomoción pública durante las elecciones de segunda vuelta, llevadas a cabo el pasado domingo.
El 7° Juzgado de Garantía acogió a trámite y remitió a Fiscalía la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra de Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomunicación.
La acción legal no solo apunta a la ministra, sino también a todo aquel que resulte responsable del delito de denegación o retardo de servicio, contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
La querella tiene motivo en el colapso del transporte público durante las elecciones del pasado domingo. Elecciones en las que Gabriel Boric, candidato de apruebo Dignidad, se alzó con la victoria obteniendo un 55,87% de los votos.
Aquel domingo, durante la jornada electoral, se registró un déficit de buses en carias comunas del país. Hecho que fue criticado duramente por los votantes y por la oposición, que acusó de intervencionismo electoral.
Pese a que la ministra Hutt desestimó las acusaciones, asegurando que incluso se aumentó el número de buses, de todas formas pidió disculpas públicas.
“Pudimos haber sido lentos en reaccionar, pero de ninguna manera realizamos maniobras para que la gente no fuera a votar, eso lo defiendo profundamente”, dijo en conversación con CNN Chile.
Asimismo, incluso el director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, señaló que se había solicitado previamente a las empresas a cargo del funcionamiento del transporte público, un aumento en la capacidad, según informó Radio Biobío.
Sin embargo, para Rendón, el abogado querellante, lo ocurrido fue grave y causó daño en la participación electoral.
“Pese a que esta tuvo un aumento en relación a primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada”, aseguró.
Por lo mismo, acusa que la responsabilidad del Gobierno es innegable y que «no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor”, especuló él.
Así, sostuvo que la investigación de Fiscalía deberá ahondar precisamente en ese punto.
“Lo concreto es que las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante», señaló.
El abogado mencionó también casos como el del Subsecretario Galli, quien descalificó las denuncias sobre la falta de buses como una «fake news» y que se acusó de «acarreo» a quienes trataron de cooperar.
