A primera hora del pasado jueves 10 de febrero, la ministra Romy Rutherford, que está a cargo de la investigación por el fraude en el Ejército, citó a declarar como inculpado al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Luego de un intenso interrogatorio, la jueza decidió dejarlo en calidad de detenido y ordenó que ingresara al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Luego de cinco días, Rutherford tomó la decisión de procesarlo por el presunto delito de malversación de caudales públicos y también por el eventual ilícito de falsedad de documento militar.
Esto quiere decir que la magistrada lo está investigando en la arista del fraude del Ejército que indaga el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de los gastos reservados de esta rama castrense.
En el expediente que se está usando para llevar a cabo la investigación hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta. Las declaraciones clave se remiten a dos testigos: el coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés.
En total se le responsabiliza por haber hecho un uso irregular de más de $6.300 millones de pesos. Específicamente, el monto total es de «$6.374.996.162 actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010″. La magistrada ordenó el embargo de bienes “por un monto total de $6.500.000.000″.
Pese a que el general retirado del Ejército seguirá preso, su abogado Alejandro Godoy solicitará este martes la libertad bajo fianza. “Vamos a estudiar el auto de procesamiento para luego seguir los pasos necesarios para demostrar la inocencia del señor Izurieta. Tenemos la clara convicción que obró siempre de buena fe, que nunca se apropió de dineros y que actuó en el marco de sus funciones”, expresó el defensor.
