En Política, uno de los libros más importantes e influyentes de la historia del pensamiento, Aristóteles, siguiendo la última filosofía de su maestro Platón, sostiene que lo distintivo del soberano y aquello que lo diferencia de los súbditos es la capacidad de prever. Es decir, el gobernante se caracteriza por una capacidad natural de prever, esto es, de distribuir los recursos sociales de la mejor manera posible, dialogar en razón de un común acuerdo, actuar con virtud y prudencia ante determinadas circunstancias (favorables y adversas), y un largo etcétera de características impostergables e ineludibles.
La descripción de Aristóteles exige tomarla en cuenta en nuestro actual contexto; no por la figura de Aristóteles, sino por la radical importancia y vigencia que tiene la capacidad de prever como característica esencial en el individuo gobernante.
Esta semana Sebastián Piñera concretó el quinto cambio de gabinete durante su segundo gobierno. Independiente de los nombres elegidos y de los factores de representatividad, como lo es la escasa presencia femenina en el gobierno (que de por sí son puntos problemáticos), lo que ha generado una ola de críticas desde el cuerpo social es la nula capacidad que tiene el presidente de escuchar a la población, la nula capacidad de dialogar (dia: a través; logos: saber: “actuar a través del saber”), en definitiva, la completa incapacidad de empatizar con las necesidades y exigencias de la población. Olvidando, de pasada, la máxima de los sistemas democráticos-contractuales: el Estado como expresión de la voluntad general (Rousseau).
Ahora bien, tras el acontecimiento del 18 de octubre del año pasado, es ingenuo esperar del gobierno un gesto empático con un pueblo que, en un importante porcentaje, se reveló frente a su mandato. No obstante, bajo ningún motivo esto justifica que, desde el mismo gobierno, se desconozcan las legítimas demandas sociales (el caso del retiro del 10%, las solicitudes de renuncia de ministros, etc.).
En este contexto, la dinámica que ha dado movimiento al gobierno de Piñera es una política del desgobierno. Pero, la idea de “desgobierno” no debe entenderse mediante la ingenua pretensión que el gobernante obedezca toda demanda de la población. Antes de ello, la política actual es una política del desgobierno en el sentido en que las decisiones de los gobernantes no están dirigidas a un auténtico cuidado del cuerpo social, sino que solo representan medidas de autovalidación y autoaprobación: El ejecutivo no gobierna por ni para la voluntad general, sino en virtud de sus propios intereses.
De este modo, Piñera no requiere de la capacidad de prever, porque, de hecho, no gobierna, solo administra y reproduce un determinado modelo económico (baste con revisar las encuestas de aprobación, el talante de sus propuestas, los múltiples conflictos de interés de Piñera y su gabinete). Justamente por esto, es que las fórmulas que suelen repetirse: “es que Piñera no entiende” o “Piñera no cacha” o “a Piñera le falta calle”, no solo son imprecisas, sino que infunden una peligrosa ingenuidad que exculparía al Gobierno de cualquier decisión o acción que atente contra vidas. Pues, desde esa perspectiva, la responsabilidad política se limitaría a un “desconocimiento” o “falta de entendimiento” y no a un juicio que se emite conscientemente. Como se intentó hace pocos meses inhabilitar al Presidente de la República por razones de salud física y mental.
No. Cada acción implica una decisión responsable y comprometida, aún más cuando se gobierna una nación. La decisión de nombrar a Víctor Pérez, otrora alcalde designado por Pinochet, como nuevo Ministro del Interior es resultado de un determinado juicio, de una determinada perspectiva política. En este caso, fortalecer el perfil político de su presidencia: la denominada “derecha más dura y menos social”. Es evidente, Pérez expresamente señaló su opción por el rechazo a una eventual nueva constitución y ha negado sistemáticamente violaciones a los DDHH perpetuadas en nuestro territorio (y que han sido reconocidas por diversos organismos internacionales).
Por lo tanto, el desgobierno de Piñera se radicaliza en cuanto su mandato su limita a validar y profundizar (a estas alturas mantener a cualquier costo) un modelo económico del cual ha sido defensor desde el momento en que “ingresó a la esfera política”. Sus declaraciones en contra del retiro del 10% de las AFPs, sus propuestas de ayuda social que no son otra cosa que endeudamiento y precarización, sus gestos al rechazo de la nueva constitución, su tendencia latente a perfeccionar y modernizar las fuerzas de orden público no son signos de “incomprensión” o “falta de calle”, sino comprobaciones de su objetivo político y económico.
El Presidente de la Nación no gobierna, apenas organiza, administra y perpetúa un sistema económico basado en la explotación y acumulación de riqueza en paraísos fiscales (como sabemos que opera la sociedad Piñera-Morel). Este es el gran problema que enfrentamos como sociedad, no la de un gobernante inoperante, sordo o incompetente. Por el contrario, se trata de un gobierno altamente competente, que desde un modelo empresarial privado se ha enquistado en el cuerpo público-social.
La capacidad de prever ha mutado, ha perdido su alcance ético en tanto cuidado del cuerpo social, de su historia, su actualidad y su futuro, para devenir en meras estrategias administrativas. Con el cuidado que su sentido no se encuentra en no escuchar por terquedad o tozudez. Al contrario, sí lo hace, solo que no necesita hacer oído de ello: tal como Mañalich, siendo Ministro de Salud, y ante el proyecto de ley que crea un seguro para enfermedades catastróficas, señaló: “Creo que no es apropiado, porque pase una marcha en la calle, decir oye, cambiemos totalmente esta ley”.
Parece consuelo, pero el problema es considerablemente mayor a la voluntad (y pasado) de un presidente. La política del desgobierno es mucho más amplia a nuestra sociedad chilena y la podemos rastrear en todo el viraje conservador-derechista que comienza a presentarse en el mundo, desde Trump (EEUU), hasta Bolsonaro (Brasil), desde Le Pen (Francia), hasta Johnson (Reino Unido), es el cuerpo social a escala mundial la que comienza a constreñirse bajo la política del desgobierno.
Tal vez aún estemos a tiempo de actuar, en lugar de imaginar excusas que exculpan a una persona que fue presentado como “un cercano candidato” (recuérdese los comunes errores comunicacionales de Piñera que lo mostraban como un personaje “simpático”). Así, responsabilizándonos política, ética y empáticamente, quizás podamos evitar un futuro (des)gobierno del marepoto.
