El Gobierno presentó indicaciones al proyecto de ley contra el narcotráfico, el que se encuentra en segundo trámite constitucional.
El proyecto tiene como objetivo entregar herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó las 12 indicaciones del Ejecutivo ante la Comisión de Seguridad del Senado para el proyecto contra el narcotráfico.
“El proyecto busca mejorar las condiciones de seguridad de la población golpeando a las organizaciones criminales en aquello que constituye su elemento sustancial, en materia patrimonial, porque finalmente el crimen organizado es un negocio”, sostuvo.
“Si queremos tener éxito en materia de crimen organizado, tenemos que golpear su patrimonio“, añadió el subsecretario.
Una de las propuestas que hace el gobierno es la ampliación de las empresas e instituciones obligadas a entregar información respecto de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (ley 19.913) para fortalecer la lucha contra las organizaciones de crimen organizado.
Con lo anterior, los nuevos rubros que se verían obligados a informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero son:
- Personas dedicadas a la fabricación o ventas de armas y clubes de tiro, caza y pesca. Ello es importante para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas, y automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados.
- Incluir a las empresas de leasing de forma general, no limitarse solamente al leasing de vehículos.
- Empresas de arrendamiento de vehículos.
- Asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura.
Por otro lado, entre las indicaciones presentadas se plantea la regulación del comiso, explicándose que en la legislación vigente, de la Ley 20.000, no existe una regulación sistemática.
Así, buscan vincular las normas que hay, con otras que regulan esta misma institución, como es el caso de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
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