El caso SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) ha sido uno de las polémicas más escandalosas que ha habido en la política nacional, ya que consideró el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos.
La empresa SQM realizó altos pagos ilícitos a personas relacionadas con candidatos y partidos por servicios que, en realidad, nunca prestaron.
El caso se destapó en 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero se llevaba arrastrando varios años antes, según la investigación que ha existido al respecto.
Entre el banquillo de los acusados están dos reconocidas figuras políticas: Pablo Longueira, fundador y militante de la UDI, además de haber sido ministro de Piñera; y Marco Enríquez-Ominami, militante del PRO y excandidato presidencial.
De los 180 imputados que hubo por este caso, hoy existen 8 acusados, ya que otros involucrados lograron evitar llegar a esta instancia gracias a procedimientos abreviados.
Después de 8 años de investigación, hoy se realizará la audiencia de este escandaloso hecho que incluye soborno, cohecho y otros delitos tributarios.
Para Pablo Longueira la Fiscalía pide 818 días de presidio y multas por cohecho; y para ME-O, 4 años de cárcel por delitos tributarios.
A su arribo, el exministro Longueira se mostró tranquilo y feliz de que se inicie el juicio, asegurando que es algo que ha esperado por siete años, según consignó RBB.
“Lo único que he esperado es este juicio y el daño que me han hecho es irreparable”, sentenció Longueira.
El mismo medio aseguró que, ME-O sostuvo que «son 8 años esperando este momento, en otra arista idéntica a esta la gané, entonces ahora va a pasar lo mismo«.
“Los otros acusados que están citados a este juicio son el exgerente general de SQM Patricio Contesse; Carmen Valdivieso, secretaria de Longueira; Roberto León, exdiputado, Marisol Cavieres, secretaria de la presidencia de la UDI, Cristián Warner, exsecretario general del Partido Progresista, y Marcelo Rozas, exembajador”, informó La Tercera.
Asimismo, el medio mencionado afirmó que Octavio del Favero, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente (organización que fue de las primeras en querellarse por el caso SQM), señaló que “este caso es una prueba de fuego, especialmente para el nuevo fiscal nacional, para demostrar su compromiso para poner término a este capítulo vergonzoso de la política chilena, y también el de los tribunales con perseguir de manera decidida los delitos de corrupción”.
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