El contrabando de cigarros es definitivamente considerado como un problema significativo en Chile. De acuerdo con datos entregados en un estudio del Centro MIDE UC, de 2021, una cantidad no menor de los cigarrillos que se consumen son de contrabando: se habla del 20.5%, de los cuales el 85% corresponden a marcas procedentes de Paraguay.
Otro dato interesante del estudio es que identifica que los consumidores de este tipo de artículos fuman en promedio un 33% más al día que los consumidores de cigarros legales, implicando un mayor riesgo para la salud al no contar con autorización del Ministerio de Salud y se desconocen la totalidad de sus componentes.
Según el Servicio Nacional de Aduanas, entre 2021 y 2022 se ha concretado la destrucción de 772 millones de cigarrillos de contrabando de distintas marcas, los que han sido incautados a través de operativos encabezados por Aduanas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Además, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el monto de la evasión fiscal controlada de la mercancía incautada alcanza los US$114 millones y la respectiva destrucción y disposición final de estos productos implican una inversión superior a los $290.000.000.
En la comuna de Maipú en más de una ocasión se han encontrado grandes cantidades de estos elementos siendo comercializados, y durante esta jornada, en una fiscalización en una feria local, funcionarios policiales lograron la detención de dos sujetos por contrabando de cigarros, quedando a disposición de la justicia.
Cabe señalar que, además de multas que dependen de la cantidad confiscada, en caso de contrabando a gran escala o reiterado, las personas involucradas pueden enfrentar penas de cárcel que van desde los 61 a 540 días, y en los casos de «contrabando calificado», que involucran circunstancias agravantes como la participación de bandas organizadas, el uso de violencia o el transporte de grandes cantidades de cigarrillos, las penas pueden ser más severas: entre 3 años y 1 día a 5 años de presidio, junto con las sanciones económicas correspondientes.
