Desde tempranas horas del sábado 28 de agosto, más de 150 familias, agrupadas en el comité Esperanza Popular, perteneciente al Movimiento de Pobladoras y Pobladoras Vivienda Digna, se reunieron en uno de los pocos terrenos fiscales existentes en la comuna de Maipú, de propiedad de SERVIU, ubicado en Alberto Llona con Vicente Reyes. Terreno donde proyectan levantar el conjunto habitacional que dará solución definitiva a su condición de allegadas, que además recoge la experiencia de otros movimientos de pobladores, como “Maestranza” de Ukamau en Estación Central o “Inti Raymi” de FENAPO en Peñalolén, donde las comunidades, trabajando con Serviu, se han vuelto actores activos en la gestión y conformación de proyectos de viviendas sociales de alto estándar. Lo anterior se respalda en la voluntad de parte del SERVIU de llevar a cabo un cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas en el terreno, lo cual representa un avance para los pobladores y pobladoras de la comuna como resultado de la gestión y movilización del movimiento.
La asamblea de pobladores, abordó, entre otros temas, las problemas asociados al déficit nacional habitacional, el cual sólo en Maipú representa un requerimiento de construcción de 7000 unidades de viviendas -según cifras del observatorio urbano del MINVU- en un contexto nacional de un déficit aproximadamente 400.000 familias sin techo o unidades irrecuperables, según cifras del mismo organismo. Así mismo, se problematizò en torno a cómo la especulación inmobiliaria, el alza desmedida de los arriendos y las deficitarias políticas de vivienda expulsan a las familias a migrar de sus comunas de origen, de sus redes familiares y lugares de trabajo, dado a la especulación de los suelos y los arriendos. Según estudios urbanos, los valores de suelos urbanos sobrepasan el tercio de la totalidad del subsidio al que pueden acceder las familias de menores recursos, generando que los proyectos habitacionales deban desplazarse a lugares cada vez más lejanos, lejos de los servicios y fuentes laborales, lo que vuelve a estos proyectos precarios y a las familias más vulnerables.
Mencionaron así mismo que las políticas estatales de financiamiento a la vivienda benefician y priorizan el negocio inmobiliario y el endeudamiento de las familias, ya que la actual política de “integración social” que hoy levanta el gobierno en materia habitacional no resuelve el problema de fondo para las familias del país, sino que es un negocio rentable para endeudar a las familias que necesitan un hoy hogar con créditos hipotecarios a plazos de 20 a 30 años. Natalie Arriagada, vocera del movimiento, finalmente expresa:
“Ante la escasez de terrenos fiscales, siendo este el único en la comuna, hoy nos hacemos presentes aquí diciendo que nosotros creemos en una integración, pero no en una integración que empeñe el futuro de nuestras familias fomentando la deuda hipotecaria de los bancos e inmobiliarias, creemos en una integración con participación real por parte de las organizaciones de pobladores en la gestión de los proyectos de viviendas sociales, que asegure una vivienda digna para los allegados y allegadas de las comunas”.
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