Este jueves, la agenda del día estuvo marcada por la filtración de una grabación de la reunión que tuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios y autoridades de la llamada «Macrozona Sur», la cual se llevó a cabo en Cerro Castillo el pasado martes 13.
A pesar de que el Mandatario señaló expresamente que la cita era de carácter privada, e incluso habría explicitado la frase «espero que no me estén grabando» y descartó la sugerencia de entregar los celulares haciendo un voto de confianza, el audio llegó a los medios y varios comenzaron a realizar consultas a los altos mandos, lo que alertó de inmediato la situación.
“Es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República […] Nos tiene muy desconcertados y preocupados”, señalaba la ministra del Interior, Carolina Tohá, iniciando la jornada, asegurando que, por lo demás, había sido una instancia muy positiva, con ambiente de colaboración.
La polémica se mantuvo casi todo el día rodeada de reacciones del amplio espectro político, todas condenando lo sucedido, y grande fue la sorpresa cuando pasadas las 22:00 horas, uno de los asistentes confesó publicamente su responsabilidad:
Se trataba de Miguel Mellado Suazo, diputado de la región de la Araucanía, el mismo que horas antes se alineaba a condenar la difusión del audio mientras el gobierno evaluaba acciones legales.
«Es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el Presidente que había, y que envíe luego el proyecto de nueva Ley Antiterrorista porque los atentados siguen»,
De acuerdo con lo señalado en el Código Penal, en su Artículo 161 A, «la grabación de comunicaciones privadas y su posterior difusión, sin consentimiento, es un delito», y dado que Interior concretó la denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso, Mellado arriesga penas que van desde multas económicas a penas de hasta 5 años.
“Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, grabe, capte, intercepte o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”, señala la legislación.
Asimismo, según lo indicado por el fiscal Carlos Hoffman a Radio ADN antes de que se conociera el nombre del «autor de los hechos», el responsable arriesga “penas que van desde los 61 días a los cinco años de presidio menor en su grado mínimo a máximo. Además, si la persona que grabó sin autorización, también lo difunde, a través de medios de comunicación, por ejemplo, ahí ya arriesga una pena en su grado máximo. Dicho de otra manera, tres años y un día a cinco años”.
