El pasado viernes 4 de agosto, se llevó a cabo la primera mesa tripartita entre representantes del Gobierno, Municipalidades y Trabajadores a Honorarios con el objetivo de encontrar las mejores vías de traspaso hacia el sistema del Código del Trabajo, una instancia que se había comprometido hace unos meses en medio de la discusión sobre el Reajuste de Remuneraciones del Sector Público.
En enero de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el dictamen Nº E173171 con el fin de establecer «instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado», reconociendo la situación laboral precaria en la que encontraba gran parte de estos trabajadores, quienes terminan realizando tareas permanentes y no temporales según establece este tipo de acuerdo.
Sin embargo, la medida que sugiere la CGR no considera el reconocimiento de los años de servicio acumulados a la fecha del traspado, algo que ha mantenido en alerta a los diversos sindicatos a nivel nacional, incluído el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Maipú, quienes han participado de diferentes reuniones con el gremio para tomar acciones, una de ellas la convocada este viernes.
De acuerdo con lo señalado por la plataforma de Honorarios Maipú, la mesa fue presidida por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Héctor Cataldo Astorga; la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; un representante de la Dirección de Presupuesto Nacional, además de los dirigentes del gremio nacional y sindicatos de Trabajadores a Honorarios de La Serena, Quillota, La Araucanía, Concepción y FESITRAHOMUCH (Maipú, Til Til, Tomé, Viña del Mar e Independencia).
Durante la reunión se expusieron diversos puntos que esperan formar parte de un acuerdo común, como la incorporación del bono incentivo al retiro, prohibir que se continúe con la contratación a honorarios para labores que no sean de apoyo temporal y garantizar liquidez en las remuneraciones al momento del cambio en la condición jurídica, claridad en los pasos administrativos del traspado, entre otros.
Lo dirigentes recibirán una propuesta por parte del Gobierno, la cual deberá ser analizada y respondida en un plazo de 2 semanas, esperando que para fines de septiembre de 2023 los traspasos ya se puedan ejecutar.
