El indignante sistema doble de justicia de Chile permite a los agentes de policía golpear, maltratar y, en algunos casos, incluso matar a manifestantes pacíficos y a otras personas, porque, como mucho, les impondrán sólo una sanción minúscula. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
«No sabía que existían dos justicias» Justicia militar y violencia policial en Chile revela que, de manera habitual, los tribunales militares de Chile, que conocen de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, no abren investigaciones ni procesamientos contra los agentes sospechosos de haber cometido un delito. Los juicios ante estos tribunales no suelen presentar ni siquiera el grado más básico de independencia e imparcialidad.
“No debería permitirse a los tribunales militares de Chile investigar, procesar ni sancionar a miembros de sus propias filas, es más que obvio. Es como si los tribunales permitieran que los delincuentes fueran juzgados por sus propias familias», ha señalado Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.
“Este sistema totalmente absurdo lleva demasiado tiempo impidiendo a muchos chilenos y chilenas acceder a la justicia. Es hora de que el gobierno y el Congreso concedan a este asunto la importancia que merece y pongan de manifiesto que están del lado de la ley impidiendo que los tribunales militares se ocupen de casos de violaciones de derechos humanos.”
En los últimos años se han intensificado las protestas en todo Chile, y también lo ha hecho la violencia de la policía contra los manifestantes. Amnistía Internacional ha registrado casos en los que los agentes de policía golpearon a los manifestantes o utilizaron indiscriminadamente gas lacrimógeno y cañones de agua contra ellos.
Varias personas, entre ellas manifestantes pacíficos y simples transeúntes, han resultado heridas en el contexto de manifestaciones pacíficas, e incluso han muerto algunas. Esta preocupación también aplica en el contexto mapuche. Miembros de las comunidades han denunciado que a propósito de los múltiples allanamientos policiales han sido objetos de malos tratos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, y que los efectos impactan principalmente a mujeres, niños y niñas.
Estadísticas brutales
Raras veces han dictado los tribunales militares sentencias condenatorias contra agentes de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos. En las contadas ocasiones en que se abre realmente una investigación, el proceso se celebra a puerta cerrada, la condena es manifiestamente leve y el agente no suele ir a prisión.
De acuerdo con estadísticas oficiales analizadas por Amnistía Internacional, en uno de los seis tribunales militares del país (el Segundo Juzgado Militar de Santiago), sólo el 0,3 por ciento de los casos de abusos contra manifestantes registrados en 2005, 2008, 2011 y 2014 fueron objeto de proceso penal (14 de 4.551).
Agentes que salen bien librados
Manuel Gutiérrez, de 16 años, murió en Santiago de Chile en agosto de 2011 a causa de una herida de bala en el pecho. Iba de camino a casa, observando una manifestación, cuando los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que se estaban produciendo esa noche se volvieron violentos.
Las autoridades negaron de inmediato que el responsable del disparo que había matado a Manuel fuera un agente de policía y afirmaron que el muchacho se había visto atrapado en medio de una pelea entre bandas juveniles rivales de la zona.
Tras ser trasladado Manuel al hospital, se arrestó a un miembro de la policía. Cinco días después de la muerte del muchacho a causa de la herida, la fiscal del caso envió éste a la jurisdicción militar por considerar que no era de su competencia. En mayo de 2014, el tribunal militar declaró al agente culpable de disparar el arma que había matado a Manuel y herido a otro joven.
Inicialmente lo condenó a 3 años y 61 días de prisión, pero luego le permitió cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Tras presentar el agente un nuevo recurso, se le redujo la pena a 461 días sin que hubiera puesto un pie en prisión.
En otro caso, el reportero gráfico Víctor Salas estuvo a punto de perder la vista en el ojo derecho tras ser goleado por un agente de policía cuando documentaba una manifestación en la ciudad de Valparaíso en mayo de 2008.
Casi cuatro años después, en enero de 2012, un tribunal militar condenó al agente a 541 días de prisión por el cargo de «violencias innecesarias causando lesiones graves». Un año más tarde, un tribunal militar de apelación le redujo la pena a 300 días de prisión porque no tenía antecedentes de carácter penal. Posteriormente se le restituyó en el cargo. Desde entonces, Víctor Salas lucha por conseguir una indemnización por la pérdida de ingresos que ha sufrido como consecuencia de sus lesiones.
“Basarse en tribunales militares que parecen hacer justicia posibilita que las fuerzas de seguridad de Chile cometan delitos graves y queden en la impunidad. Esta completa falta de justicia, sumada al creciente número de casos de abusos policiales contra manifestantes pacíficos, conduce al desastre”, ha añadido Ana Piquer.
“Los agentes de policía parecen saber perfectamente que golpear y disparar a civiles apenas tendrá consecuencias.»
El Congreso tiene todavía que someter a debate un proyecto de ley que concede a los tribunales civiles jurisdicción sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y la policía.
