Los más de 4 años de gestión municipal de Cathy Barriga pasarán a la historia por sus performances, líos y salidas de libreto. Sin embargo, los estragos de su mal manejo económico son pagados -a diario- por las vecinas y vecinos que demandan más gasto municipal en áreas claves como seguridad, agua potable o educación.
En uno de los varios casos que el Ministerio Público prepara para acusarla penalmente se acreditó que la hoy panelista de farándula implementó un entramado en el cual sacó el proceso de cuadrar gastos desde la Dirección de Administración y Finanzas hacia la Secretaría de Planificación Comunal.
De esta manera, podía hacer gastar al Municipio, a pesar de no tener dinero en las arcas municipales para responder a posterior.
Matías Silva, exDirector de la SECPLA declaró ante la justicia que Barriga es «responsable del incremento de la deuda municipal, toda vez que insistía en generar proyectos y contratar personas fuera de presupuesto, pese a que se le informaba del déficit que eso estaba provocando al municipio«.
La declaración del exFuncionario no es baladí. Si Barriga era informada y decidía hacer caso omiso, su responsabilidad (o irresponsabilidad) es aún mayor en el descalabro.
Además, Barriga -a diferencia de otras ocasiones- no puede acusar persecución política. Matías Silva Obreque fue un funcionario de la más alta confianza, colocado en el cargo por la misma Barriga.
Los dichos de Silva no son falsos. Al contrario. La Voz de Maipú tuvo acceso al memorándum 171 del año 2020. El documento tiene fecha 16 de marzo de 2020 y está firmada por Matías Silva Obreque y dirigido al Administrador Municipal de la época, Abel Sepúlveda. Titulado Análisis de Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2019 en el documento se analiza el comportamiento contable de subtítulos que -en esos años y tras el entramado armado por Barriga- estaban a cargo de la SECPLA.
El informe señala en su introducción que es la SECPLA la que lo evacua pues «mediante el decreto alcaldicio 4182 DAP de fecha 09 de diciembre de 2016, en el artículo 2, letra G se delega a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) las siguientes atribuciones: llevar a cabo la planificación y elaboración del presupuesto municipal, como también el control y cumplimiento de éste en los siguientes subtítulos: Subtítulo 22, bienes y servicios de consumo; Subtítulo 24, transferencias corrientes; Subtitulo 29, adquisición de activos no financieros: Subtítulo 31, Iniciativas de inversión.»
Los datos de los que el informe extrae la información son el sistema contable y presupuestario del Municipio.
En más de 14 páginas el informe analiza los subtítulos presupuestarios a cargo de la SECPLA, viendo cuánto se ha gastado en cada uno de ellos. La información es técnica, pero las recomendaciones de los profesionales de la Municipalidad son claras.
En la página 14 del documento se le advierte a la gestión Barriga que «en el año 2019 no se ejecutó ninguna obra correspondiente al Plan de Desarrollo de SMAPA año 2019, debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestaria»
¿Qué es un plan de desarrollo en una Sanitaria?
Según la web de la Superintendencia de Servicios Sanitarios:
El Plan de Desarrollo es un documento público: Los planes de desarrollo son públicos una vez que cuentan con el pronunciamiento favorable de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; con lo cual quedan oficializados y vigentes. Los planes de desarrollo se encuentran en la Biblioteca de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a disposición de quien los requiera para su consulta.
La legislación sanitaria otorga una importancia fundamental a los Planes de Desarrollo de las Empresas Concesionarias. Así entre otras materias, el DFL MOP Nº 382/88 establece específicamente en el Art. 58 que «los Planes de Desarrollo Actualizados y los Programas Anuales de Inversión de las Empresas Prestadoras serán públicos».
Sin embargo es en la página 16 del PDF donde se propone a Cathy Barriga tomar medidas urgentes, tendientes a controlar el gasto desmesurado. El documento es claro al respecto. Dice textual: «Se propone tomar las siguientes medias administrativas».
El listado incluye 6 puntos:
- Incrementar ingresos correspondientes al subtítulo 115-12 Recuperación de Prestamos, generando campañas de recuperación de deuda.
- Limitar gasto en horas extras al Personal de Planta yContrata.
- Limitar las contrataciones del personal a Honorarios
- Disminuir considerablemente el gasto de Actividades yEventos (merchandising, cáterin, productoras).
- Disminuir considerablemente el gasto publicidad e impresión.
- Disminuir el gasto de las direcciones municipales (restricción presupuestaria de manera porcentual a cada una de ellas).
Cathy Barriga habría pedido ocultar el informe
Fuentes que trabajaron en el Municipio en esos años son claros a la hora de referirse a la situación. Contradecir a la alcaldesa se pagaba, primero con leyes del hielo y ser apartados y luego con perder los puestos de trabajo.
Una fuente que pide mantener su nombre bajo reserva, pues al ser contratado tuvo que firmar una cláusula de confidencialidad en favor de Barriga, indica que «ese informe le llegó a Barriga a través de Abel Sepúlveda, su administrador municipal. Ella pidió silencio y no comentarlo con nadie».
La misma fuente añade: «el informe es claro y dice en términos simples que hay que cortar el gasto. Pero Barriga no hizo caso. De hecho se enteró que Abel Sepúlveda había comentado con preocupación la situación con otros funcionarios y lo despidió acusando pérdida de confianza. El tipo -en el fondo- quiso hacer lo correcto. Y no pudo».
Hoy Sepúlveda estaría enfrentando un juicio de cuentas en Contraloría. Contactado para este artículo, no contestó nuestros mensajes.
Otra fuente que trabajó cerca de Cathy Barriga indica que «A estos informes siempre les bajó el perfil. Decía que no había que preocuparse porque llegaría más plata del gobierno porque la pandemia había reducido los ingresos».
Al final de su mandato las electoras y electores de Maipú demostraron todo su descontento con Cathy Barriga. Elegida en 2016 con un 38% el 2021 se quedó en 22.37%, una muestra clara que las vecinas y vecinos castigan a las gestiones que no son de su agrado.
