Esta es la historia de una faena ilegal que extrae áridos en Maipú hace más de 10 años. Una faena que ha sido clausurada dos veces y multada en innumerables oportunidades.
La misma que gracias a la valentía de vecinos de la Villa Joaquín Olivares de Maipú fue multada una vez más el día viernes 26 de junio por tener camiones operando bajo un salvoconducto de transporte de alimentos.
Una historia que tiene como protagonista al señor Félix Santander, un empresario con domicilio en Las Condes que ha ganado miles de millones extrayendo áridos ilegalmente desde el cauce el Río Mapocho en Rinconada de Maipú.
Tal como publicamos en enero de este año, mientras Santander vive en la comodidad de uno de los barrios más caros de Chile, durante el día maneja una faena ilegal que destruye el medioambiente y la calidad de vida de vecinos en Maipú (ver nota aquí).
Una situación que lleva a preguntarse cómo una faena de extracción de áridos que modifica el curso del río más importante de Santiago pueda seguir funcionando tras varias clausuras, sin ninguna fiscalización de Impuestos Internos de un negocio que opera desde hace 10 años sin patente comercial.
Una pregunta que ronda hace meses años en la Municipalidad de Maipú, y que llevó al concejal Alejandro Almendares (RN) a catalogar al empresario Félix Santander como «un delincuente» (ver aquí entrevista).
La situación es irrisoria: la faena ha sido multada al menos 17 veces por la Municipalidad de Maipú y clausurada en dos ocasiones (2008 y 2015).
Además, ha recibido infracciones por intervenir el Río Mapocho y destruir la infraestructura destinada a proteger a los vecinos en caso de crecida de ríos. Esta última situación fue nuevamente denunciada este fin de semana por vecinos del sector, ya que debido a los trabajo de remoción de tierras, encendió las alertas ante un riesgo de inundación.
Incluso ha tenido cobertura mediática a nivel nacional, como cuando la periodista de TVN, Verónica Moscoso, recogió la noticia y enfrentó a los actores claves del proceso, entre ellos la Municipalidad de Maipú y el Ministerio de Salud.
En la oportunidad, Mauricio Fuenzalida, encargado de la Unidad de Residuos Sólidos Urbanos de la SEREMI Metropolitana del Ministerio de Salud, declaró que se trata de «una faena de extracción de áridos, pero junto con eso él [Félix Santander] ha recibido residuos y básicamente para recibir residuos se requiere de una autorización sanitaria que él no tiene”, confirmando que se trata además de un vertedero ilegal.
Y pese de todo esto, hoy en plena pandemia la faena fue descubierta operando, esta vez moviendo material en camiones que no contaban con los salvoconductos legales para operar.
Más multas, 4 detenidos y una querella que no prosperó
El día jueves 25 de junio La Voz de Maipú recibió denuncias de vecinos que alertaban sobre el funcionamiento de la faena. Testigos comprobaron en terreno que las maquinarias estaban trabajando en plena pandemia, y había temor de que esto pudiera afectar el cauce del Río Mapocho, produciendo un desborde y arrasando con algunas casas colindantes a la faena.
Debido a esto, se hicieron las denuncias correspondientes al administrador municipal, Bastián Báez, quien gestionó el envió de fiscalizadores tras lo cual se emitieron dos partes: uno por trabajar en cuarentena sin ser servicio esencial y el otro por funcionar pese a la clausura del año 2015.
Pese a esto, la faena siguió funcionando el día siguiente por lo que los vecinos volvieron a hacer las denuncias respectivas.
Luego de insistir más de una vez, desde la Municipalidad de Maipú tomaron la decisión de hacer un nuevo operativo, esta vez en conjunto con Carabineros de Chile y camionetas de Maipú Seguro.
En ese operativo quedaron detenidas 4 personas, que trabajaban para la empresa de transporte que retira el material de la faena y quienes no contaban con los salvoconductos necesarios para operar.
En medio del operativo trascendió que la faena ilegal de áridos estaría usando un salvoconducto para transportar alimentos, situación que estaría en manos de la Fiscalía Occidente.
Además, dos de los camiones que operaban en la faena fueron a parar a corrales municipales.
Esta situación fue comentario obligado en la Comisión de Medioambiente de este miércoles, presidida por el concejal del Partido Ecologista Verde (ex Frente Amplio).
«Vecinas y vecinos, durante la tarde de ayer miércoles realizamos una nueva Comisión de Medio Ambiente. En ella abordamos como punto único la situación de una Extractora de Áridos y de un Vertedero Ilegal que aqueja a lo que queda del Campamento La Isla y que aún en cuarentena total seguía operando«, publicó el concejal en su fanpage de Facebook al final de la sesión.
Pero fue el activista ambiental Manuel Hermosilla quien interpeló al actual director jurídico de la Municipalidad de Maipú, el abogado Jan Aeschlimann Meuli, a quien solicitó el detalle de las acciones judiciales que la municipalidad ha realizado frente a la faena ilegal.
Tras revisar la documentación y compartirla con LVDM, la conclusión de Hermosilla es categórica:
«La Municipalidad de Maipú no tiene idea de los resultados de sus denuncias ante el Juzgado de Policía Local, es decir, como denunciante no le ha dado seguimiento a los casos, por tanto no saben si fue efectivamente multado o los efectos de las infracciones reiteradas en las sentencias. Es decir, en el mejor de los casos hay descuido en las acciones y finalmente puede haber abandono de funciones«, comentó el ingeniero forestal y activista de la consultora Más Sustentable.
Hermosilla se refiere a la querella por violación o rotura de sellos, interpuesta el año 2018 por la abogada Valeria Díaz, ex directora jurídica de la Municipalidad de Maipú, donde se hace mención al artículo 270 del Código Penal.
Según la norma, «los que hubieres rotos intencionalmente los sellos puestos por orden de la autoridad pública serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez unidades tributarias mensuales«.
Lamentablemente, la Municipalidad de Maipú no perseveró en la querella, perdiendo la oportunidad de perseguir al dueño de los áridos con cárcel efectiva, ya que no apeló en la audiencia de perseverar.
En la querella además se reconoce oficialmente que la faena no cuenta con permiso municipal, por lo que realiza una actividad prohibida, que incluye al menos dos violaciones de clausura del predio en el que opera.
Todo esto sin siquiera tomar en cuenta el posible daño ambiental que está produciendo la faena, y que según una denuncia hecha por el mismo concejal Ponce estaría teniendo un efecto perjudicial en las napas subterráneas del acuífero.
“Hay pruebas de afectación del agua al pinchar las napas del sector para provecho de la faena, nos parece una pésima señal que la administración municipal aún no cumpla su compromiso, adquirido hace meses en concejo de impulsar las iniciativas legales ante tribunales ambientales”. expresó para LVMD en enero de este año.
Posible funcionario público involucrado y el contrataque de la comunidad
Pasadas solo 48 horas después del despliegue policial del día viernes 26 de junio, se volvieron a escuchar ruidos en el sector de la faena.
Ese domingo vecinos del sector se acercaron al predio de la faena y pudieron comprobar el funcionamiento de una máquina que era custodiada por un sujeto a bordo de una camioneta roja.
Testigos presenciales contaron a La Voz de Maipú que se acercaron a interpelar al sujeto, quien después de varios amagues admitió ser funcionario público. Tras esto le pidieron explicaciones sobre su presencia a esa hora de la noche, custodiando la maquinaria de la faena.
El sujeto se negó a responder preguntas, y tampoco confirmó que fuera parte de un procedimiento oficial, negándose a identificarse y dándose a la fuga en una camioneta marca Suzuki.
Una situación que causó extrañeza y que abre sospechas sobre una posible red de apoyo con la que contaría el empresario que controla la faena.
Una tesis que, de comprobarse verdadera, podría explicar el por qué la empresa ha seguido operando a pesar de todas las multas y clausuras.
Cansados de la inoperancia y la burocracia del gobierno, vecinos del sector presentaron un recurso de protección para llegar al fondo del asunto.
Francisco Novoa es abogado y representa a vecinos del sector en esta acción legal, la cual fue presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago y está actualmente en tramitación.
El recurso busca solicitar informes a las diferentes entidades que están involucradas como la Municipalidad de Maipú, la SEREMI del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas.
Consultado por los últimos antecedentes del caso, nos da sus impresiones:
«Lo que llama la atención es como la municipal ha dejado en el abandono a esta villa, ya que en el transcurso de 10 año sólo se realizaron 13 visitas que terminaron en un parte derivado a Juzgado de Policía Local de Maipú, sin llegar a ningún puerto, ya que según los datos que tenemos algunos de ellos habrían quedado parados, sin resultado que ayude a la comunidad. Dentro de la misma, el hecho de que la obra fue clausurada en una ocasión y que, al día de hoy, la municipalidad no ha tenido el valor o compromiso de hacer cumplir lo decretado«.
«En este momento las acciones que seguimos están relacionadas a apoyar las dudas que los vecinos tienen, revisar los nuevos procedimientos y recabar los antecedentes que de la municipalidad emanan, ya que el enredo de acciones que han hecho llega a ribetes irrisorios, pero sin ningún resultado para los vecinos«, agrega el abogado.
La alcaldesa de Maipú anunció en su momento que el estudio jurídico FIMA sería el encargado de representar a la municipalidad en el caso del «señor de los áridos», que dimos a conocer en enero de 2020.
Hasta el día de hoy, y con la reciente contratación de un nuevo director jurídico, no ha habido pronunciamiento público al respecto de parte de las autoridades comunales. Y si bien el caso fue mencionado en el último Concejo Municipal por el concejal Gonzalo Ponce, no fue materia de debate ni tampoco contó con el pronunciamiento de la alcaldesa Cathy Barriga, quien no estuvo presente en sala.
Un caso preocupante y que deja mal paradas a las autoridades locales, pero que en el contexto chileno no es algo atípico. Fue el mismo ex Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien reconoció en 2019 que hay mil hectáreas ilegales de extracción de áridos en el país, lo que genera millonarias ganancias para sus dueños sin mayor control por parte del Estado.
Ha quedado entonces en manos de cada comuna y región el grado de firmeza con el que se cumple la ley, una situación que incluso pondría a los municipios en desventaja debido a la gran cantidad de dinero que genera este negocio, en contraste con los escasos presupuestos destinados a fiscalización.
Una situación que queda retratada a cuerpo completo en Maipú, donde una faena de áridos ha podido operar durante 10 años en la más completa ilegalidad.
Algo que tienen muy claro en la Vila Joaquín Olivares, y que no los detendrá para buscar todas las vías posibles para expulsar al señor que ha hecho una fortuna a costa de la calidad de vida y el medioambiente a pasos de sus hogares.
