A menos de un mes de que se realice el plebiscito de salida de la nueva propuesta de constitución, este 17 de diciembre, si bien se nota un cansancio general sobre esta discusión, me parece importante de todas formas revisar algunos de los aspectos más relevantes que incorpora el nuevo texto.
Uno de esos grandes temas, es lo relacionado a lo ambiental, el cual tiene un capítulo especial en la propuesta, en donde como se verá a continuación, tiene una visión completamente subordinada a un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista en Chile, profundizando y legitimando así la injusticia ambiental.
Esto lo señalo a partir de la lectura del capítulo XVI llamado «Protección del medioambiente, sustentabilidad y desarrollo” (1), en el cual lo ambiental queda totalmente condicionado al desarrollo económico del país, y por ende a una forma de producir que no le interesa en lo más mínimo el bienestar general de la población ni impulsar sistemas de vida diferentes.
De ahí que el capítulo en cuestión lo que hace es condicionar cualquier política ambiental futura a criterios estrictamente económicos, dejando fuera la posibilidad de discutir sobre el modelo forestal, minero, agroexportador y energético vigente en Chile, dejando totalmente desprotegidas a las llamadas zonas de sacrificio y a todos los territorios que siguen siendo vistos como meros fuentes de recursos naturales.
Por si fuera poco, en esta nueva propuesta constitucional, señala que los delitos ambientales y las restricciones, como aparece en el capítulo II sobre derechos y libertades fundamentales (página 23) , quedan determinados únicamente a lo que aparezca en la ley, lo que deja fuera a reglamentos y otros documentos jurídicos más específicos, que permiten detallar vulneraciones y abusos de ciertos proyectos extractivos
Dicho lo anterior, desde los que llaman a votar a favor de esta propuesta constitucional, podrán decir que este nuevo texto incorpora contenidos ambientales a diferencia de la actual constitución, que poco y nada dice sobre ello, lo que es cierto, pero el problema de fondo es que se ve a la Naturaleza sólo como un medio para un crecimiento económico ilimitado.
En otras palabras, que se hable de medioambiente en la nueva propuesta constitucional no significa nada, ya que si se sigue concibiendo a la Naturaleza como una mera fuente de materias primas y para hacer negocios, sin importarle en lo más mínimo la sustentabilidad y las consecuencias de la emergencia climática en nuestro país.
La propuesta constitucional y el medioambiente
Del mismo modo, celebrar que se mencione el cambio climático en la nueva propuesta constitucional. como señalan algunos, es solo algo decorativo, ya que no obliga al Estado a hacer nada al respecto, solamente es reconocer algo sin dar ninguna respuesta a ello, ni a generar acciones concretas en beneficio de los ecosistemas y las comunidades afectadas.
En lo que respecta al agua, la nueva propuesta no plantea el derecho humano al agua, solo el acceso a esta, como aparece en el capítulo II sobre derechos y libertades fundamentales (página 29). lo que termina por fortalecer una institucionalidad hídrica única en el mundo, que fue capaz de privatizar no solo la gestión, sino también las fuentes de agua, generando un mercado hídrico insostenible socioambientalmente.
Por lo mismo, plantear sólo el acceso al agua, en la práctica es condenar a miles de chilenos a que tengan que proveerse de ella a través de camiones aljibes, negando otros derechos, en beneficio de grandes empresas, como ha pasado con el negocio descontrolado de la palta en la provincia de Petorca y en otros territorios en Chile en el norte, centro y sur del país.
Por otro lado, nadie pensó, dado el triunfo del rechazo del 2022, que en esta nueva constitución la Naturaleza fuera sujeta de derechos o que se impulsaría una idea de Buen Vivir, superadora del aparato colonial del desarrollo, pero sí que se avanzaría por lo menos en algo para hacer frente a la emergencia climática actual, lo que nos evidencia del profundo fanatismo de quienes pretenden aprobar algo que termina por legitimar el saqueo ambiental.
En síntesis, de aprobar esta nueva propuesta constitucional será un peligro para la Naturaleza e incapaz de dar respuesta a la innumerable cantidad de conflictos socioambientales que existen en el país, que necesitan un Estado presente y con facultades reales para sancionar a quienes vulneren la vida de comunidades afectadas por el extractivismo.
