Para las elecciones municipales del 2008, terminaba ese día en mi rol de encargado electoral de la campaña del entonces alcalde reelecto Alberto Undurraga (aunque algunos tengan amnesia y digan por ahí que uno es un aparecido). Cuando todos celebraban el triunfo, yo ese mismo día partí de viaje a ciudad de México para visitar la experiencia de ese país sobre acceso a la información pública.
Una interesante experiencia, este país en ese entonces ya tenía 12 años de ejercicio de una ley de acceso a la información pública. Me sorprendió el nivel de transparencia de las instituciones públicas en especial el Banco de México que llevó a cabo esfuerzos que permanentemente, se orientaron a mejorar la comunicación con el público en general. Estos esfuerzos por transparentar su gestión se fueron desarrollando a partir de la entrada en vigor de su actual Ley, en 1994, con el fin de fortalecer su credibilidad con respecto al logro de sus objetivos, tomando en cuenta que la corrupción es perversa y difícil de combatir.
En chile las iniciativas sobre acceso a la información, datan de abril de 2009 donde la ley 20.285 sobre acceso a la información pública entra en vigencia, dentro de sus principios pongo en relevancia el Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, sólo con excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.
Este y otros principios de la ley se fundamentan en un derecho constitucional, basado en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”
Esta ley persigue, el derecho que tenemos las personas a saber cómo se manejan los fondos públicos en los organismos del Estado y sobre todo como nos podemos convertir en verdaderos interlocutores válidos de supervisión. Esa supervisión es eficaz a partir de políticas de transparencia activa (información publicada) y pasiva (información solicitada por el público) por parte de las instituciones y puede dar paso a una política participativa.
El ejercer la transparencia de información, refleja que los organismos del estado, persiguen fortalecer su credibilidad, y demostrar que se está cumpliendo el logro de sus objetivos, el rol ciudadano de solicitar información y preguntarse ¿cómo se llevan a cabo las cosas?, es como poner dentro de una vitrina o una gran caja de cristal la gestión de una institución, como un municipio, por ejemplo.
La transparencia marca el camino hacia los “poderes del estado abiertos” y es condición imprescindible para que se dé una efectiva participación en los procesos públicos. Sin acceso a la información y, lo que es aún más importante, sin comprensión de esa información, no puede haber participación informada ni deliberación madura.
Las personas u organizaciones que ejerzan el derecho a ser informados no significan una amenaza para las instituciones del país sino la evolución natural, en la “sociedad informada” propia de la sociedad de la información, de la esfera de debate sobre los asuntos públicos.
A propósito de buena praxis política, traigo esta reflexión para ustedes del político Argentino Leandro Alem
No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política. Buena política quiere decir, respeto a los derechos; buena política quiere decir, aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir, protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena política quiere decir, exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas.
Esto no quiere decir que los políticos no cumplan con su deber, que sí lo hacen, salvo excepciones, con una gran dedicación personal, sino que las instituciones, tienen que poner a disposición los datos de su actividad y situación para que los ciudadanos lleguen a sus propias conclusiones.Eso fortalece un derecho participativo
