Históricamente, los pueblos originarios han carecido de reconocimiento y espacios de poder en la política chilena, carentes de voz y voto en muchos procesos relevantes. En vista de cumplirse un año desde el estallido social, se replantea la pregunta que queda en el olvido o una interrogante carente de respuestas concretas : ¿Los pueblos originarios tienen un papel en el proceso constituyente o nuevamente se busca incluirlos forzadamente?
Me surge esta duda a partir del estallido social, donde se desbordaron problemáticas que evidentemente explotaron producto de la nula solución en diversas demandas, sumado a la poca importancia hacia los acuerdos de autonomía, inclusión y reconocimiento a los pueblos originarios. Por lo tanto, la protesta social se vio como un escenario perfecto para exigir demandas de los distintos pueblos originarios, siendo el más destacado el pueblo-nación mapuche, producto del constante menosprecio y maltrato histórico, acompañado del racismo cultural.
Si bien el convenio 169 de la OIT tenía un objetivo de protección y reconocimiento, ha pasado inadvertida en la práctica, sumado a los más de 50 proyectos de ley durmiendo a la fecha sobre cuotas de poder y autonomía a nuestros pueblos originarios.
Asimismo, el estallido social trajo consigo el nacimiento del plebiscito, lo cual generó más interrogantes y expectativas, ya que si se quiere realizar una nueva constitución es elemental empoderar a los once pueblos originarios que conforman nuestro país, lo cual es imposible sin antes establecer cómo se respaldará su participación.
Es así que desde que se efectuó la primera moción para modificar la carta fundamental se busca reservar escaños a los representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente para la conformación de una nueva Constitución, según el cual, luego de 12 sesiones, no ha establecido desde el año pasado a la fecha cuánto porcentaje y en qué medida se aplicarán los escaños reservados. Todo a una semana del plebiscito.
Durante décadas quedó en evidencia la poca solidaridad y mal trato a los “ciudadanos de segunda clase”, quienes carecen de representación no solo en una cuota de un escaño, se busca una proporción justa, tanto para los mapuches como para los demás pueblos originarios. Los que carecen de representación en espacios decisionales.
Hay que descartar el mito de que una mirada asistencialista, en base a la “caridad del Estado” ayudará realmente a la población considerada como “pobre”. Es imposible construir una nueva Constitución sin proporcionarle la debida importancia.
Claramente es un proceso y por lo mismo tiene ciertos obstáculos, no obstante, no pequemos de idealistas por esperar un traspaso digno de competencias junto con una óptima administración de recursos. Lo es, pero no es imposible luchar por lo necesario.
Pienso que este ya no es un Chile retrógrado, por lo mismo se deben iniciar procesos para posteriormente efectuarlos, no para que descansen en el congreso hasta abril, solo si se aprueba una nueva Constitución. Por último, no esperar, ya que los pueblos originarios deben incluirse en los procesos concernientes a las decisiones públicas.
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