Este martes, una publicación realizada por CIPER reveló que el Servicio de Impuestos Internos (SII), a principios de agosto de este año, le otorgó al grupo Penta una rebaja de $1.400 millones sobre la sanción que habían recibido en 2018 por el fraude al fisco que se comprobó que la empresa había cometido.
El monto correspondería al gasto realizado de parte de Penta por concepto de asesoría legal para su defensa y aunque la primera solicitud de esta consideración fue rechazada el pasado enero, la empresa apeló a través de un recurso de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) donde el beneficio, finalmente, fue otorgado.
La situación ha generado una nueva polémica en torno al caso, ya que desde la institución aseguran que la rebaja se apega totalmente a la norma e incluso este tipo de beneficio se extendería a todas aquellas empresas que estén en proceso judicial por temas similares.
Sin embargo, tal como lo señaló un experto al medio que realizó la investigación, «incluso si la conclusión fuera que es completamente legal, vale la pena que se discuta públicamente la conveniencia de modificar estas normas que estarían beneficiando a personas que de manera consciente cometen delitos tributarios”.
Ayer, en comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el director del SII, Fernando Barraza, fue citado para dar explicaciones, en donde aseguró se hará una auditoría para ratificar la legalidad del procedimiento.
«Basado en la normativa vigente este tipo de gastos son inevitables para la empresa, podrá gustarnos o no», dijo Barraza.
Otro de los puntos que señaló el director es que se realizaría un sumario para conocer cómo fue que se filtró la información a la prensa, que este tipo de antecedentes son considerados de carácter confidencial.
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