Hace poco más de un mes, ingresó a Contraloría General de la República una solicitud de verificación del reglamento establecido por la Municipalidad de Maipú para «encasillar» a decenas de funcionarios y funcionarias.
El documento había sido publicado en el Diario Oficial el pasado 31 de diciembre de 2019 para iniciar el proceso de aumento de grado de los trabajadores a contar del primero de enero de 2020, lo cual terminó por no ajustarse a la legalidad de acuerdo con lo investigado por Contraloría.
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Dentro del pronunciamiento de la entidad fiscalizadora se determinó que, primero, no se había respetado el Escalafón de Mérito al encasillar a funcionarios titulares en una planta distinta a la que pertenecían; luego, al corregir lo anterior, se encasilló a un empleado a contrata en lugar de planta, lo cual está restringido.
Además, no se había ajustado a derecho que el número de vacantes que se determinó fuera a discreción en cada cargo y estamento; por último, hubo ascendidos que se encontraban inhabilitados por haber sido sancionados dentro de un plazo de doce meses anteriores a la fecha de encasillamiento.
Tras esta situación, la Contraloría determinó la invalidación de la serie de actos administrativos que encasillaron a los trabajadores debido a su vicio de legalidad, lo cual fue, finalmente, acatado por el Municipio a principios de este mes.
