Cuando ya muchos creían que nada en este agitado año podría sorprendernos, se vivió otra semana de devastación política que volvió a demostrar que los seres humanos tenemos una capacidad casi infinita para soportar tragedias.
El despido poco decoroso del intendente de la Novena Región, Francisco Huenchumilla, la llegada de un puñado de camioneros de la misma Araucanía que pusieron durante horas en jaque a La Moneda y a la propia capital del país, el bajo precio del cobre, el dólar por las nubes, la inseguridad ciudadana y el fantasma de un reforma laboral que podría empeorar aún más la debilitada situación económica del país, configuran un escenario casi soñado para la derecha permanente chilena. Son todos elementos que le permiten frenar o aguar cualquier reforma –sea la educacional, tributaria o la laboral- que vaya en contra de sus intereses.
En otras palabras, conjuran el fantasma de la Unidad Popular.
Lo que estamos viviendo hoy es una farsa histórica: La agenda de reformas del gobierno está lejos, de la radicalidad del programa de la Unidad Popular. Mientras la derecha, comandada por El Mercurio, hace creer que lo importante para el país son 13 camiones, es decir aquellas cosas que afectan su billetera.
A muchos chilenos mayores de 50 o 60 años, que por cierto son los que más participan en las elecciones, los titulares de El Mercurio, pero también de La Tercera y de la mayoría de los noticiarios de la TV chilena, les recuerda a lo que sucedía a comienzos de los años 70. Los más de derecha están furiosamente opinando en la sección de comentarios de Emol exigiendo poner orden a un país supuestamente controlado por el Partido Comunista. Los de izquierda se asustan y comentan a sus hijos o nietos: “Así comenzó todo en esa época, y ya sabemos cómo terminó”.
El Mercurio, que desde que asumió el actual gobierno de Bachelet ha estado en la vanguardia de la oposición, es un diario que representa a los intereses permanentes de la derecha de este país. Y lo hace de una manera tan inteligente que hace creer a sus lectores –y también a los periodistas de otros medios sobre los cuáles influye- que éstos son los intereses de la nación. Como dijo el ex senador comunista Volodia Teitelboim en agosto de 1967: “En Chile, Agustín Edwards y El Mercurio negocian con el patriotismo. Todo lo que sea bueno para sus intereses, es bueno para el país. Todo lo que dañe el bolsillo o la sacrosanta cuenta corriente del clan Edwards, es perjudicial a la nación. Para ellos el patriotismo es un negocio y Chile una profesión”.
Sin embargo, como dijo Carlos Marx en uno de sus escritos: “Hegel dice que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces. Pero se le olvidó agregar: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa.”
Y lo que estamos viviendo hoy en Chile es precisamente una farsa histórica. La agenda de reformas del gobierno está lejos, muy lejos, de la radicalidad del programa de la Unidad Popular. Es más, las reformas están en línea con planteamientos centristas y pragmáticos esbozados por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo que se refiere a la reforma laboral; a la OCDE en lo que se refiere a la reforma educacional, y en temas tributarios y de constitucionalidad política todavía está a años luz de países europeos, así sean gobernados por la derecha o la izquierda.
La Nueva Mayoría “pisó el palito” comunicacional de la derecha permanente. En sus intentos desesperados por recuperar algo de credibilidad y de apoyo en las encuestas, La Moneda primero giró hacia el conservadurismo –de ahí el eslogan del “realismo sin renuncia”- para después dar un vuelco y girar hacia la izquierda: de ahí las alusiones a la Alemania comunista que hizo Bachelet, o los intentos por desenterrar del olvido el nombre de Salvador Allende.
Sin embargo, se trata de una “farsa” o de una falacia. En los hechos, se sabe que los gobiernos de la Concertación han sido administraciones de centro-derecha en el sentido europeo. Nunca antes en democracia, al menos desde el primer tercio del siglo 20, los bancos y los grandes empresarios se habían enriquecido tanto como en las últimas tres décadas. No es casualidad que en 1990 ningún empresario criollo figuraba en la lista de las 400 personas más ricas que publica la revista Forbes de Estados Unidos. Hoy son casi una decena.
Así las cosas, el gobierno de Bachelet se encuentra en la incómoda posición de ser criticado por la poderosa derecha de este país, pero también por la izquierda que no entiende del todo por qué la Presidenta no ha usado la mayoría parlamentaria para avanzar de verdad en la agenda de reformas. Y, claro, el caso Caval que involucra a su hijo –que recientemente cenó en un reconocido restaurante pinochetista, el Lili Marleen- fue el fin del cariño, supuestamente incombustible, que la ciudadanía le tenía a Bachelet.
Y mientras tanto, la mandataria se dedica a frases de buena crianza en eventos de poco impacto político en jardines infantiles. En paralelo, el nuevo intendente de la Novena Región, el ex asesor de Burgos y operador DC, Andrés Jouannet, afirma en una entrevista que si el ministerio del Interior se lo pide, invocaría la Ley Antiterrorista en la Araucanía.
Al tiempo que se suceden estos hechos políticos, hay tres eventos que han pasado poco advertidos para la opinión pública, y todos sucedieron la semana pasada. El primero es el último libro del periodista Javier Rebolledo titulado “A la sombra de los cuervos”, lanzado la semana pasada, que cuenta en detalle como empresas forestales del grupo Matte colaboraron directamente en la represión y muerte de varios de sus propios trabajadores en septiembre de 1973. De paso, esa investigación muestra que los hechos de violencia de la dictadura y el auge del nuevo empresariado chileno son dos elementos vinculados de manera íntima.
El segundo es que la justicia chilena condenó al periodista Patricio Mery a una pena de 32 días de cárcel por revelar graves violaciones a los derechos humanos cometidos a fines de los años 80 por personal de Carabineros que hoy forman parte del alto mando de esa institución.
Y el tercero es el esfuerzo de un grupo de ex presos políticos por exigir de vuelta sus testimonios originales a la comisión Valech, con el fin de desclasificar esos documentos y saltarse así los 50 años de secreto, y de impunidad institucionalizada, que actualmente pesa sobre ese informe de torturas y prisión política.
Pero esos son temas menos relevantes dada la actualidad. Mucho más importante parecen ser 13 camiones.
