Desde hace algunas semanas se dio a conocer, tras una solicitud del diputado Andrés Longton (RN), que la Seremi de las Culturas de Valparaíso, liderada por Patricia Mix (hermana de Claudia Mix, parlamentaria del distrito 8) autorizó transferencias directas que suman $204.158.108 a 14 organizaciones, a través de 17 convenios, entre marzo de 2022 y junio de 2023.
De acuerdo con lo detallado por Ex-Ante, hubo dos problemas con lo informado mediante oficio por la autoridad: hubo 3 convenios a los que no se pudo acceder y al menos 7 no fueron informados debidamente en el portal del Registro Central de Colaboradores del Estado, 2 de ellos dirigidos a la Corporación de Educación, Arte y Cultura (CEAC), cuya representante legal es Carolina Fernández Quezada (PC), ex candidata al Consejo Constitucional para las elecciones del 7M.
“Hemos estado fiscalizando al Ministerio de las Culturas y nos hemos encontrado que sospechosamente no nos informaron ciertos recursos que son asignados discrecionalmente pero sí otros, y que se estaría incumpliendo evidentemente la ley de registros de colaboradores del Estado al no haber registro de la organizaciones a las cuales se le entregan recursos”, señaló Longton al medio señalado.
Dentro de los detalles analizados por el diputado sobre CEAC, se encontró con dicha entidad señaló haber firmado uno de los convenios por $12 millones en diciembre de 2022 con el fin de «evitar el cierre definitivo de la organización por falta de recursos», y que se habría ampliado en $20 millones para realizar dos escuelas de verano en los sectores afectados por el incendio de Viña del Mar.
«Se evidencia que todas las actividades, según el respectivo cronograma, son en dependencias de la entidad receptora de recursos, esto es en Cochrane 440, Barrio Puerto, comuna de Valparaíso, y en ningún caso dentro de la circunscripción comunal territorial de Viña del Mar, que es donde se encontrarían las personas a las que se alude como beneficiadas por este convenio», explicó Longton.
Esta y otras posibles irregularidades que se detectaron en convenios con organizaciones como el Centro Cultural Playa Ancha y $30 millones para realizar el Carnaval Mil Tambores o con la Asociación Multicultural de Migrantes de la Provincia de Petorca entre Mundos por $4,5 millones, para llevar a cabo la segunda versión del Festival Voz Migrante serán auditadas por Contraloría durante las próximas semanas.
Al cierre de esta edición, la seremi Patricia Mix ha evitado referirse al asunto e incluso, siendo abordada por periodistas a la salida de una comisión este lunes, un integrante de su equipo agredió a la prensa, tal como quedó registrado en un video que circula en las redes.
