Durante los últimos días, la pauta noticiosa ha girado en torno al cuerpo del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, el cual fue hallado enterrado bajo cemento al interior de un campamento en Maipú, específicamente aquel que se ubica en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos.
En este contexto, el concejal Bladymir Muñoz se refirió en una reciente entrevista con Radio Infinita a la situación que se vive en Maipú con los campamentos, particularmente este donde hoy habitan al rededor de 600 familias, asegurando que el municipio estima que más del 80% de quienes viven ahí son migrantes en situación irregular.
«Los campamentos están siriviendo como fachada para este tipo de delitos de crimen organizado y mafias. Por supuesto que no vale la pena venir a estigmatizar a toda la gente que está en ese campamento o toma ilegal. Hay muchos que están esperando solución habitacional desde hace más de 15 años, por ejemplo, varios de ellos chilenos incluso», comenzó señalando la autoridad.
Según explica Muñoz, desde 2017 se comenzó a ver una mayor presencia de migración en el lugar, lo que se amplificó aún más en 2020, en plena pandemia, cuando la administración de Cathy Barriga autorizó la integración de electricidad, lo que ha proporcionado incluso que haya personas que loteen y vendan terrenos.
«Es un espacio que no está destinado para eso, está debajo de una autopista, peligroso por lo demás debido al tránsito de camiones de alto tonelaje hacia el sector industrial de la comuna. Es un terreno donde tampoco pasa alcantarillado, hay un canal que en tiempos de lluvia se desborda. Hay peligro inminente por todos lados», fue detallando el concejal, agregando que el terreno está dividio en sectores que le pertenecen a Bienes Nacionales, Serviu y la Municipalidad (bien nacional de uso público).
“Están utilizando estos sitios donde no puede entrar el Estado o la Municipalidad. Nosotros dejamos de ir porque los funcionarios municipales no pueden entrar. Los apedrean, los amenazan con cuchillos, hay balaceras. Son campamentos que están coartados por las mafias, se encierran y vivien sus propias leyes”, comentó respecto a la situación actual del campamento, donde además habría prostíbulos, casinos irregulares y otros hechos delictivos constantes.
Desde la Municipalidad han reiterado que se han llevado a cabo diversos operativos para estancar la expansión del campamento, junto con indicar que se mantiene vigente una denuncia en fiscalía contra una persona que fue identificada por el loteo de terrenos, los que vendía entre $2 y $4 millones a personas migrantes, con infraestructura incluida.
«Nosotros no podemos sacarlos porque no es un terreno propiamente del Municipio. Es el Estado el que debe velar por la seguridad y, finalmente, el plan de erradicación, el que hemos solicitado desde el año pasado. Tengo entendido que el alcalde Tomás Vodanovic se reunió con la Delegada Presidencial y con la ministra del Interior también en un trabajo que vienen desarrollando desde el año pasado», indicó Bladymir Muñoz.
«Aquí tenemos un campamento donde la ley no funciona. Aquí debe haber una coacción integral por parte del Estado en su conjunto, porque hay que erradicarlo. Ya no estamos hablando solamente de un chileno o una persona haitiana que lleva más de 10 años, que está en todo su derecho y ha hecho todo según la ley para conseguir su casa y su subsidio, estamos hablando de crimen organizado, mafias y personas que se están escudando en este campamento. Y la manzana podrida contamina«, añadió.
El principal mensaje que dejó la autoridad comunal tras lo ocurrido con el exmilitar venezolano, junto con reconocer que hay problemas graves de seguridad, es que no le corresponde solamente al Municipio afrontarlos.
«Ninguna municipalidad en Chile está preparada, ni capacitada, ni con las herramientas incluso legales para poder abordar, por ejemplo, dos casas de tortura en el campamento de René Olivares y Rinconada Rural, o lo que está pasando en una toma ilegal con 600 familias. No hay capacidad. Esta es una tarea del Estado en su conjunto», sentenció.
