Este miércoles, La Tercera dio a conocer que la exalcaldesa Cathy Barriga presentó hace unos días un recurso de protección con el objetivo de suspender la causa en su contra ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por «notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa».
Se trata de una acción interpuesta por siete concejales en 2021 donde ya se cuestionaban algunos gastos y otras acciones realizadas bajo la gestión de la exedil, solicitando su inahibilidad para ejercer cargos públicos.
A casi 3 años, mientras Cathy Barriga cumple arresto domiciliario total en el marco del proceso judicial penal por el presunto fraude al fisco por más de $31 mil millones, la defensa presentó este recurso el 9 de febrero argumentando que el hecho de enfrentar las dos causas -que apuntarías a los mismos antecedentes- podría conyevar «sentencias contradictorias».
“Con el objeto de resguardar el derecho de defensa de mi representada y evitar la existencia de sentencias contradictorias y procesos paralelos es necesario suspender la tramitación de la presente causa”, se lee en el documento ingresado por el abogado Matías Mori, según apunta La Tercera.
Sin embargo, la respuesta del Tricel dada este martes fue que «no logra la convicción de que con la suspensión del procedimiento en materia electoral, se evite la existencia de sentencias contradictorias”, por lo que negaron la solicitud.
Las abogadas querellantes, Claudia Sarmiento y Elisa Walker, indicaron al medio por su parte que había una necesidad de continuar con el caso por el «principio democrático», aludiendo a la «estabilización del mandato de las máximas autoridades locales de actuar conforme a la Constitución y las leyes y la necesidad de determinar su responsabilidad en los graves hechos que se siguen en la presente causa […] Suspender la causa podría producir graves perjuicios a los principios».
Sarmiento aseguró en la misma línea que la solicitud de Cathy Barriga resultaba inviable, ya que se trataría de procedimientos distintos, con abogados diferentes y con el objetivo de establecer responsabilidades que no tienen relación entre sí.
«La contraparte no ofreció ningún antecedente fáctico de cómo tener dos juicios abiertos perjudicaba su defensa […] La justicia electoral no resolverá si se cometió o no un delito, sino que revisará si la exalcaldesa transgredió de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal», sentenció la abogada.
Por el momento, la ex alcaldesa deberá enfrentar ambas instancias judiciales (tanto la penal como la electoral), mientras cumple con la medida cautelar.
