La ONG española Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Chile en el puesto 82 de 180 en su clasificación mundial de la libertad de prensa en 2022. Este resultado muestra una caída de 28 puestos en comparación a la medición de 2021 y está categorizado como una situación «problemática».
“Aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, no siempre se respeta en la práctica”, se expuso en el análisis de nuestro país.
Asimismo, se indicó que «el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican”, indicaron.
Las principales conclusiones de RSF se enfocan en que la mayoría de los medios de comunicación pertenece a los mismos grupos económicos, lo que se traduce en que la población “demanda cada vez más un mayor pluralismo informativo” en la prensa.
Desde RSF señalaron que «en Chile los grandes medios van de la mano de grupos económicos cuyos intereses merman la confianza de la ciudadanía por cómo abordan los temas susceptibles de generar conflictos de intereses«.
“Los cambios emprendidos por la sociedad civil han puesto de manifiesto la necesidad de un órgano regulador que apoye la profesionalización de los medios y dote de mayor independencia a las publicaciones alternativas”, afirmaron.
Además, en el informe se reconoció que Chile está en un proceso de cambio social, cultural y político originado en las protestas de 2019 durante el Estallido Social.
“Los ciudadanos y los movimientos sociales han dejado claro su recelo hacia las informaciones publicadas por los grandes medios de comunicación. Aunque existe una prensa y unos periodistas dignos de la confianza popular, hay una demanda social evidente a favor de una pluralidad y una diversidad mediáticas reales, que se plasmen en el proceso constituyente”, concluyó RSF.
Finalmente, en cuanto a Latinoamérica en general, indicaron que «los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico. Como ya sucediera en 2020, la crisis del coronavirus ha supuesto un acelerador de la censura, ha generado graves dificultades económicas a la prensa y ha planteado serios obstáculos para acceder a la información sobre la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos de Latinoamérica».
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