El Ministerio de Justicia confirmó que a partir de hoy sábado 5 de febrero se publicará en el Diario Oficial la ley que modifica el Registro de Ofensores. Este cambio establece la inhabilidad perpetua para trabajar con niños, niñas y adolescentes a todas las personas que hayan cometido abusos infantiles.
En este mismo sentido, la iniciativa que impide acceder al beneficio de rebaja de condenas a quienes cometan delitos sexuales en contra menores de edad estará en su último trámite durante la próxima semana.
Al respecto, desde el gobierno señalaron que estas normativas «se complementan con la Ley de Imprescriptibilidad de los Delitos Sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, y con el proyecto de ley que tipifica la explotación sexual comercial infantil».
El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela, afirmó que «estas nuevas leyes se insertan en una política que ha sido un eje de nuestro ministerio: modernizar nuestra justicia penal, para poner a los niños, niñas y adolescentes primeros en la fila, y en lo particular, para resguardar plenamente su indemnidad y libertad sexual».
En específico, no podrán acceder a rebajas de condenas quienes hayan cometido los siguientes delitos del Código Penal:
- Apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con violación o abuso sexual agravado
- Violación propia
- Violación a persona menor de 14 años
- Estupro
- Abuso sexual agravado
- Abuso sexual propio
- Abuso sexual a persona menor de 14 años
- Corrupción de menores
- Producción de material pornográfico infantil
- Promoción o facilitación de la prostitución de menores
- Obtención de servicios sexuales por parte de personas menores de edad
- Comercialización, difusión y adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil
- Trata calificada de personas, en relación con la explotación sexual
- Robo con violación
Se espera que esta nueva ley de inhabilidad y la iniciativa sobre rebaja de condena mejoren el sistema penal que rige hasta hoy.
En 2016, el programa Contacto, del Canal 13, expuso «que el sistema presenta varias fallas. Casos de personas que han sido condenadas y que nunca fueron incluidas en el registro de inhabilidades; otras que sí han sido incorporadas, pero por un período mucho menor al tiempo mínimo que establece la ley; demoras en la inclusión que han permitido la contratación de varios inhabilitados en colegios y otros establecimientos; y desconocimiento generalizado entre fiscales, jueces, legisladores y fiscalizadores sobre cómo se debe aplicar la normativa.
Además, nadie fiscaliza su correcto funcionamiento y los datos que debieran facilitar la evaluación del sistema no permiten llegar a una conclusión, porque cada institución –Poder Judicial, Ministerio Público y Registro Civil– mide cosas distintas y no existen sistema integrados de información».
