Hasta la Contraloría General de la República llegaron los concejales Abraham Donoso, Gonzalo Ponce, Marcela Silva y Ariel Ramos, con el fin de realizar una presentación donde piden que la Contraloría se pronuncie respecto a los cerca de 900 despidos injustificados que ha realizado Barriga, que hacen que las arcas municipales tiemblen, toda vez que los funcionarios han judicializado los casos, obteniendo sendos triunfos en tribunales.
Maipú arriesga hasta 20 mil millones de pesos del presupuesto, en pagos por juicios pendientes y los concejales, acusaron poco acceso a la información y respuestas incompletas de la gestión de Cathy Barriga.
La presentación fue firmada por 6 de los 10 Concejales(as) en ejercicio: Marcela Silva Nieto, Abraham Donoso, Pedro Delgadillo, Gonzalo Ponce Bórquez, Erto Pantoja y Ariel Ramos.
En el escrito los concejales piden:
1. Legalidad y responsabilidad de la administración patrimonial de parte de la alcaldesa y sus asesores. Y en caso de detectar irregularidades e ilegalidades, dictar las medidas que en derecho correspondan.
2. Existencia de irregularidades por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, en la participación y seguimiento de los juicios laborales en contra de la Ilustre Municipalidad
Los concejales firmantes, aseguran que Maipú ya ha pagado más de 1900 millones de pesos que han salido de la cuenta «Compensación por daños a terceros y/o la propiedad» y la que cuenta con un saldo negativo de poco más de 1300 millones
Plata para los trabajadores y para defender al Municipio
Los concejales aseguran que ante la mala calidad de la defensa judicial hecha por el Municipio en los juzgados del trabajo, lo que valió que una jueza incluso recriminara a uno de los abogados del Municipio, exigiéndole que apareciera Barriga o Carlos Fairlie en el tribunal, el Municipio ha contratado estudios externos. Cisternas y Compañía fue contratado por 22 millones de pesos y Albagli Zaliankil Limitada por 23 millones. En total 45 millones destinados a tratar de salvar una situación que cada día se complica más. Donde los únicos perjudicados son los vecinos, que ven como del presupuesto municipal, comienzan a escaparse dineros. Después de todo los «funcionarios fantasmas» no estaban muertos. Sino que todo lo contrario: vivos y ganando en el tribunal los juicios por sus despidos injustificados.
