Dos grandes constructoras han anunciado su inminente quiebra. Tanto la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela, como Constructora B+V Limitada se vieron en la obligación de solicitar su proceso de liquidación voluntaria.
Sumado a lo anterior, y de acuerdo a información de Diario Financiero, desde fines de 2019 ya son más de doce las empresas del sector de la construcción e inmobiliario que han iniciado procesos judiciales para solicitar su liquidación o llegar a acuerdos con sus acreedores y continuar funcionando.
Lo anterior ha encendido las alarmas tanto en las autoridades como en la ciudadanía, que muestra preocupación ante el escenario de obras importantes que, por ahora, no podrán ser terminadas.
Este es el caso, por ejemplo, de la esperada Comisaría La Farfana, que estaría ubicada en Maipú. Los vecinos del sector llevan años esperándola para que disminuya la delincuencia en sus barrios. Y tras la quiebra de la empresa a cargo, Claro, Vicuña y Valenzuela, la obra seguirá siendo un sueño por un tiempo.
A raíz de la situación, el pasado lunes el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunieron con el Consejo de Defensa del Estado para ver las medidas a tomar frente a la quiebra de las empresas constructoras.
En cuanto al quiebre específico de Claro, Vicuña y Valenzuela, el Gobierno determinó exigir a la empresa las boletas de garantía para continuar los proyectos que queden abandonados y pagar los sueldos a los trabajadores.
«Hemos decidido tener una estrategia de Estado, cuyo objetivo, en el caso nuestro, es recuperar a la brevedad estos diez contratos que quedan abandonados y por supuesto asegurar el pago a los 400 trabajadores que estaban involucrados con estos contratos», señaló el ministro García.
Reajuste de costos de obras concesionadas
Al parecer, son muchas las empresas que están pasando por problemas financieros debido a las fuertes alzas de los materiales de construcción que les han impedido seguir con las obras.
Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que se trabaja en un polinomio que permita reajustar los costos de estas obras concesionadas.
«El Gobierno ha estado trabajando en esto último, que es lo que más puede controlar. Ha estado trabajando durante buena parte de este año y esto se está traduciendo en la incorporación de mecanismos de polinomios para ajustar los contratos con el Estado en materia de construcción», explicó Marcel.
Puestos de trabajo e inyección de recursos
Desde el Gobierno también están preocupados por los miles de puestos de trabajo que se pueden perder con las quiebras de estas mega constructoras.
Aún quedan obras por terminar y una de las opciones que se barajan es inyectar recursos para que el 90% de ellas se puedan concretar. Para esto, utilizar el dinero a la brevedad sería la clave.
Por ahora, desde el rubro reconocen que otras constructoras están al borde de la quiebra, lo que podría complicar aún más la recesión a la que está entrando la economía chilena debido a los distintos factores a nivel nacional e internacional.
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