En el mes de marzo de 2022, la Corporación de Educación (CODEDUC) ingresó una querella criminal en contra de cuatro ex funcionarios y un trabajador por una eventual malversación de fondos públicos que se habrían cometido durante la gestión de Cathy Barriga, entre 2020 y 2021, acción judicial que recientemente se ha ampliado para hablar de «fraude al fisco» e incluir a la ex alcaldesa entre los imputados.
De acuerdo con los nuevos antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público, se afirma que la conducta de los querellados «trasciende la de un mero traspaso irregular de fondos de una cuenta a otra, aplicando fondos otorgados por el Ministerio de Educación a un destino diferente al establecido», agregando que «la conducta, a su vez, trajo aparejada perjuicios distintos y cuantiosos para CODEDUC».
Dentro de las sanciones interpuestas por la Superintendencia de Educación tras las irregularidades advertidas, se encuentra la privación de un 5% de la subvención general por un mes, lo que equivale a $90 millones aproximadamente, además de la privación parcial de subvención que asciende a los $140 millones.
«A mayor abundamiento, a pesar de que se suponía que los traspasos fueron efectuados para pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales de funcionarios de la Corporación, lo cierto es que tal circunstancia nunca fue realmente acreditada. Tal como se adelantó en la querella primitiva, no se pudo comprobar el cumplimiento del pago de las previsiones obligatorias a 17 personas de una muestra seleccionada y no se pudo acreditar tampoco el pago de remuneraciones de 63 personas seleccionadas. Por estos hallazgos se instruyó un Proceso Administrativo», agrega el documento.
Cathy Barriga, por su parte, contrario a la labor de supervigilancia mandatada en su rol de presidenta de la CODEDUC, y teniendo conocimiento de la existencia de los FAEP habría instruido su uso irregular, tal como se detalla en la presentación, donde además se detalla el mecanismo que se habría ejecutado para concretar el fraude.
Según se explica, en la rendición del período correspondiente, la Superintendencia fue engañada, ya que se le presentó una acreditación de saldos de las cuentas bancarias excluisvas para las subvenciones FAEP y SEP con montos que fueron traspasados desde la cuenta principal de la CODEDUC «con el único objeto de simular su existencia», porque luego fueron traspasados de regreso a la cuenta principal.
Otros antecedentes no menores que se suman en este contexto son los eventuales fraudes al fisco en adquisiciones que fueron realizadas en agosto de 2020 para encubrir supuestas compras de útiles escolares sobre los cuales no existe un registro formal y la conocida compra de peluches, de los cuales un buen porcentaje continúa apilados en bodega.
La solicitud de ampliación fue admitida por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que se espera que en la siguientes diligencias se cite a declarar a la ex alcaldesa Cathy Barriga, junto con las ya imputadas Jacqueline Sánchez Henríquez y María Luisa Pizarro Arce, en relación a los últimos hechos presentados.