Por Diego A. Durán Toledo.[1]
La cuarentena decretada por la alcaldesa de Maipú, el pasado viernes 20 de marzo, no solo representa una medida inédita respecto el manejo de una emergencia de salud pública sin precedentes en nuestra historia a raíz de la propagación del Coronavirus (COVID-19), sino que también un intento fallido de autodeterminación de los gobiernos locales por sobre las potestades del poder central.
En este sentido, se hace necesario señalar que si bien la idea de una cuarentena comunal puede responder a la demanda de los/as ciudadanos/as de los espacios locales de mayores medidas de resguardo ante el avance de la pandemia, y a su vez a intentar subsanar el actuar irresponsable de la administración Piñera y en específico del ministro Mañalich como responsable de la sanidad pública, debido a obtusa decisión de no decretar una cuarentena total al menos en la región Metropolitana, tal como lo ha recomendado el Colegio Médico de Chile, la verdad es que esta medida carece de fundamento legal.
Si bien los/as ediles tienen ciertas facultades respecto al funcionamiento de locales comerciales en sus territorios, no poseen atribuciones en materia de desplazamiento de las personas, por lo que, en la práctica solo sería una medida más que nada de carácter populista y un saludo a la bandera ante la opinión pública y medios de comunicación.
Sin embargo, en términos de evaluación política el decreto de cuarentena maipucina, tiene un gran impacto a nivel nacional, porque si bien ya se ha decretado esta medida en otras municipalidades (principalmente del borde costero y del sector oriente de la capital, donde se concentran la mayor cantidad de contagiados), la importancia de una acción de este tipo en un municipio con una población de más de 600 mil personas, que en su mayoría ha tenido alcaldes de coaliciones políticas diferentes a la actualmente gobernante, genera un precedente no solo para que comunas con características similares apliquen esta medida, sino que también representa un claro ejemplo de la desobediencia de los/as ediles de “Chile Vamos” con su propio Presidente.
Cabe destacar que, si bien ya se han dado muestra de conflictos entre los municipios a cargo de alcaldes de derecha y La Moneda, tales como las sostenidas críticas emitidas por Carter y Codina, de la Florida y Puente Alto, respectivamente. La medida implementada por Cathy Barriga, es un abierto desafío al manejo técnico y político de las autoridades del gobierno nacional ante esta emergencia sanitaria.
Ante las insuficientes medidas implementadas por el gobierno, los ediles de “Chile Vamos” estarían optando por intentar salvaguardar su capital político propio, sin importar el descrédito que sus medidas o dichos generarían en la alicaída imagen de una administración que antes de la crisis sanitaria marcaba una aprobación cercana al 6% en múltiples estudios de opinión.
A su vez, la ocurrencia de estos hechos genera ante la ciudadanía, la visión de un gobierno que es incapaz de alinear a sus ediles bajo instrucciones claras y concretas, teniendo que salir ante los medios de comunicación, a bajar el perfil o derechamente a contradecir los dichos y acciones de jefes comunales oficialistas.
En síntesis, el acto de cuarentena comunal decretado por Cathy Barriga, puede ser la mecha de una seguidilla de acciones de municipios de alcaldes de derecha, que desafiando a la autoridad central, se transformen en pequeños caudillos con medidas propias para enfrentar la emergencia del COVID-19, socavando aún más el grado de gobernabilidad y legitimidad de un gobierno, que no ha dado el ancho en esta emergencia y que podría profundizar aún más la crisis social experimentada a partir de octubre de 2019.
[1] Administrador Público, Licenciado en Ciencias Políticas y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Se desempeña como docente universitario y además es vecino de la Ciudad Satélite de Maipú.
