Juntas en Acción, plataforma que reúne a organizaciones por los derechos de las mujeres liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, realizó un urgente llamado a las autoridades a comprometerse con indicaciones concretas que garanticen la efectividad del proyecto de ley por una vida libre de violencia, en el marco del mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción, afirmó que “hemos escuchado al Gobierno y a las parlamentarias de todos los partidos respaldar el objetivo del proyecto de ley, que es la prevención y eliminación de toda forma de violencia de género. Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese en la voluntad política de incorporar y votar indicaciones que de manera efectiva garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres de Chile no podemos seguir esperando”.
La declaración, suscrita por organizaciones como el Observatorio Contra el Acoso Chile, el Instituto de la Mujer, la Agrupación LésBica Rompiendo el Silencio y el Centro de Estudios de la Mujer, entre más de 20 organizaciones, plantea que es fundamental que el proyecto de ley garantice las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegure la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y cuente con un presupuesto adecuado.
En primer lugar, el proyecto de ley debe recoger los principios y obligaciones que corresponden a los diversos órganos del Estado contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña, entre otros tratados internacionales vigentes en el país.
En segundo lugar, es necesario incorporar mandatos obligatorios de formación y capacitación sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas respecto de autoridades, funcionarios/as y personal de todos los órganos del Estado, y requisitos de conocimiento y especialización específicos a quienes intervengan en la prevención, investigación y sanción de la violencia, protección, atención y reparación de las víctimas.
Finalmente, la plataforma explica que la Ley de Presupuestos del sector público debe incluir
anualmente partidas presupuestarias suficientes y regulares para la implementación de las
políticas, planes, programas y servicios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley.
Estas deben incluirse en todas las reparticiones públicas que trabajen con víctimas de violencia y deben ser refrendadas mediante glosas presupuestarias que aseguren su implementación correspondiendo su monitoreo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la fiscalización de su cumplimiento anualmente al parlamento.
El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia fue presentado por l
expresidenta Michelle Bachelet en enero de 2017 y actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado. Ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, no ha avanzado. De ahí la relevancia de un compromiso urgente y decidido de las autoridades por el derecho a una vida libre de violencia.
