Se trata de una normativa llamada Ley de Entrevista Videograbada que restringe al mínimo las diligencias investigativas, en que los menores participan, para así prevenir la victimización secundaria.
La Ley 21.057 que regula entrevistas videograbadas a la infancia, se promulgó el 9 de enero del año 2018 pero, como todo el proceso judicial, su implementación se vio entorpecida por la pandemia.
Hoy, las instituciones colaboradoras se preparan para la ejecutar la tercera y última etapa, que comenzará a funcionar el 3 de octubre del 2022 en la Región Metropolitana, lo que conlleva, según María Angélica Venegas, Jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, «un gran desafío debido al volumen de denuncias».
Así, se establece la forma en que se van a regular diligencias hacia la infancia, que habitualmente se pueden asociar a cuando un niño, niña o adolescente (NNA) presta declaración ante un policía o un fiscal en la etapa de la investigación.
“Con esta implementación lo que se busca es que ese testimonio sea único, que se realice en condiciones especiales físicas en salas especialmente acondicionadas para eso, entrevistados por personal que esté preparado y capacitado, que esa toma de relato sea videograbada para que así sea un evento único en que el niño interviene en el proceso penal para luego saltarse la etapa de juicio para evitar la revictimización” cuenta Venegas.
También, esta ley entrega mayor facultad a los tribunales de garantía para decretar medidas cautelares de manera anticipada para proteger a NNA de sus agresores. Todo este proceso es básicamente un cuerpo legal que regula la intervención a la infancia en el contexto del proceso penal y particularmente en su declaración. Eso decanta en una serie de procesos y subprocesos que conllevan un trabajo en conjunto con Fiscalía, policías y el Poder judicial.
Entrevistadores capacitados para el trabajo con la infancia
Carola Salas, la instructora nacional de formación de entrevistadores y psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, cuenta que el rango de edad en que la ley protege a NNA es desde los 0 hasta el segundo antes de cumplir 18 años, desde que tienen la capacidad de verbalizar su testimonio hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Para esto se consideran 26 delitos entre los que destacan delitos sexuales, trata de personas, el tráfico migrante y entre otros delitos violentos.
En torno a la ley las distintas instituciones que participan en el proceso han desarrollado cursos de entrenamiento para formar entrevistadores investigativos, como cuenta Salas, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Nacional “tiene un cuerpo de instructores que somos aquellos que estamos formando a los investigadores del Ministerio Público quienes pueden ser abogados, fiscales y también profesionales de la unidad de atención a víctimas y testigos como psicólogos y trabajadores sociales”.
Con respecto a los contenidos de las capacitaciones y cómo se llevan a cabo, Salas cuenta que: “El CIFE (Curso inicial de formación a entrevistadores) dura un mes y en este se desarrollan competencias para formar una técnica de entrevista investigativa, conocer sobre el desarrollo de la infancia, de psicología del testimonio, de prevención de victimización secundaria y se entrenan estas capacidades adquiridas a través de entrevistas simuladas con actores profesionales que se han formado como intérpretes que hacen de NNA”.
También agrega que: “Después que los entrevistadores aprueban el curso de formación inicial deben pasar procesos de formación contínua, la ley determina que sólo pueden entrevistar a niños aquellas personas que se hayan acreditado como tal y que continúen su formación, que incluye la formación teórica pero también la evaluación constante del proceso práctico”.
Esta acreditación la brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un plazo de un año para cursar una segunda etapa de formación y luego de eso la actualización de los cursos es cada dos años en donde se deben cumplir una serie de requisitos legales por ejemplo que la persona deba estar habilitada para trabajar con niños, formar parte de instituciones de justicia como Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía y también del Ministerio del Interior y Seguridad pública.
Últimos pasos para su implementación total
La idea inicial es que las salas se dispongan de manera equitativa en la ciudad en torno a abarcar distintos territorios para así lograr que la entrevista sea lo más expedita y limpia posible. Para lograr esto se firmó un convenio entre las instituciones cooperadoras y los tribunales de justicia, que en caso de que alguna oficina no tenga salas de entrevista video grabada se puedan utilizar las dependencias de tribunales ya que todas contarán con la infraestructura necesaria.
“Nosotros para la Fiscalía Occidente proyectamos un poco más de 30 entrevistadores distribuidos medianamente de forma equitativa en cada policía y va a haber una administración centralizada de las entrevistas, la infraestructura y las horas disponibles, de manera que llevemos un adecuado control de seguimiento para hacer las diligencias” cuenta Venegas, todo esto debido a que la ley establece que la entrevista videograbada debe ser tomada en el menor tiempo posible desde que la denuncia fue realizada. “A veces pueden pasar meses o más que eso para que un niño pueda entregar su relato a un fiscal” agrega.
La primera etapa de la Ley de Entrevista Videograbada comenzó a regir en octubre del 2019 en las zonas extremas y la Región del Maule. La segunda etapa, que debía comenzar en octubre del 2020, se aplazó debido a la pandemia para junio del 2021 y se implementó en Atacama, Coquimbo, Bío Bío, Ñuble, Los Ríos y La Araucanía. El retraso afectó a el último paso que incluían las regiones de la zona centro del país (Valparaíso, O’higgins y la Región Metropolitana) y Los Lagos la que se implementará de forma gradual hasta octubre del 2022 donde se espera esté completamente en funcionamiento.
La gradualidad fue una de las principales medidas para ir mejorando conforme a la evaluaciones de las primeras etapas ya que las últimas regiones en unirse tienen mayor densidad de casos y denuncias. Con respecto a la evaluación que se tiene de las etapas primarias y ya funcionales de esta ley, según Venegas, “la experiencia que hemos recogido hoy en día es que efectivamente se a avanzado muchísimo en ofrecer, en términos muy sencillos, una mejor experiencia a las víctimas NNA”, agrega que la implementación en la Región Metropolitana es un gran desafío debido al volumen de denuncias y de llevarlas a cabo en el menor tiempo posible. Ante esto la psicóloga y entrevistadora Carola Salas agrega que: “La percepción de los usuarios es que el proceso es mucho más amigable y que se le brinda a NNA la posibilidad de participar de manera voluntaria”.
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