El chiste de Don Otto, que se ha traspasado de generación en generación, da cuenta que Don Otto encontró a su señora que lo engañaba en el sillón de su casa. Para evitar que lo siga engañando encontró la solución: vender el sillón.
Así se podría realizar una analogía con respecto al déficit habitacional que ocurre hoy en Chile. Según datos aportados por los organismos estatales y de la Cámara Chilena de la Construcción en el año 2022, la cifra ascendía a las 650 mil unidades. Si consideramos que en una casa de una familia promedio viven cuatro personas, entonces los habitantes de nuestro “campo de flores bordado” sin acceso a la vivienda representan más de dos millones de personas. Es decir, una de las necesidades más básica de los chilenos, como es la casa propia, les ha sido negada.
Este déficit representa un incremento del déficit del 66% en siete años. Sin embargo, a pesar de esta penosa realidad, nuestro parlamento no encontró mejor solución que correrles balas a todo aquel que se atreva a malvivir en un campamento tomado.
Hace unos días se aprobó una triste ley por el parlamento chileno, la Ley Anti-Tomas, que no es nada más ni nada menos que la posible escalada de violencia sin precedentes que se puede desencadenar en la historia de Chile.
Denominaron cómo «Legítima Defensa Privilegiada» a esta ley clasista, que garantiza el derecho de los ricos a balear impunemente a los pobres. La Cámara, como siempre ha ocurrido en la historia de Chile, aprobó en general esta ley con los votos de la derecha y la nueva derecha, representada ahora por Los Amarillos y parte de la democracia cristiana. Con esta nueva ley “gatillo fácil” los propietarios tendrán la tarea que supuestamente debería garantizar el Estado, como es la seguridad, el orden público, en desmedro del acceso a la vivienda.
Esta ley “gatillo fácil” faculta a los propietarios ante las tomas ilegales de inmuebles a desalojar por cualquier medio a las personas que la ocupan. Mejor dicho, mediante las balas y la brutalidad excesiva. Una verdadera ley pro patronal contra el pueblo pobre y marginado. Donde la propiedad de un terreno es más importante que la vida humana y las necesidades de abrigo y habitación que sufre un inmenso sector de la población chilena.
Al final toda la agenda de seguridad se la ha tomado la derecha golpista. El gobierno ahora se escandaliza y retrocede ante una ley que le imprimió máxima urgencia y que resultó a la perfección y un traje a la medida de los sectores más reaccionarios de nuestro país.
Debemos recordar que todo nuestro territorio se convirtió en una usurpación ilegal por parte de los invasores y criminales españoles. Cuando el gobierno de Chile, en la época de la República, comenzó con la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”, a cargo de ese criminal y genocida de Cornelio Saavedra, les solicitaron a los araucanos los “documentos” de la propiedad que habitaban.
Entonces, con la complicidad del gobierno, los jueces, los Conservadores de bienes raíces y de muchos funcionarios públicos, se robaron el vasto e inmenso territorio que por derechos legítimos les correspondían a sus primitivos habitantes. Entonces los terratenientes se apoderaron de ese territorio mediante la brutalidad y el engaño. Ahora los hijos de esos ladrones de tierras hacen escándalo porque los mapuches quieren recuperar sus tierras ancestrales o los desposeídos que claman por un pedazo de tierra para instalar sus desmedradas viviendas.
Antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el Estado de Chile cumplía con la labor de construir y asignar, mediante el Ministerio de la vivienda y de la Corvi, a los sectores marginales y garantizaba, mediante la planificación las nuevas poblaciones obreras de Chile. También cumplía con las necesidades de acceso a la salud, alimentos y educación.
La población José María Caro, ubicada en la actual comuna de Lo Espejo, fue un gran ejemplo de ello. El Estado se hizo cargo de los allegados que abarrotaban los cités y conventillos de la ciudad de Santiago, les asignó viviendas y también los servicios básicos como escuelas, policlínicos, plazas, canchas de futbol, etc. Hoy por hoy, con el sistema neoliberal que controla nuestra vida y necesidades, esta tarea se la dejamos al DIOS MERCADO.
Entonces como el chiste de Don Otto, para evitar que los pobres ocupen los terrenos baldíos o estériles, esta ley los declara ilegales.
