El martes 7 de junio, en San Fernando, se reveló una investigación confidencial llevada a cabo por la Fiscalía Regional de O’Higgins en contra de Eduardo Macaya (71), padre del senador UDI Javier Macaya. Ese día, el Ministerio Público formalizó al empresario vitivinícola por el delito de abuso sexual reiterado contra una menor de 12 años, quedando en prisión preventiva hasta el 15 de julio.
El caso ha sido mantenido en secreto debido a la investigación de presuntos delitos sexuales cometidos contra tres niñas menores de 14 años. A esta indagatoria se sumó una nueva variable, a petición del propio imputado: el Tribunal Constitucional (TC). El 9 de noviembre, Macaya presentó un recurso de inaplicabilidad ante el organismo, a través de su abogado Juan Carlos Manríquez.
La defensa de Macaya, de carácter reservado, solicita que se declare inconstitucional la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Este artículo limita la sustitución de penas para aquellos condenados por abusos sexuales, especialmente aquellos perpetrados contra menores de 14 años. Macaya busca acceder a la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión o prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Además de esta petición, la defensa solicitó la suspensión del procedimiento penal, argumentando que la aplicación del precepto impugnado sería inminente y podrían perder la oportunidad de presentar el requerimiento. Esta solicitud fue inicialmente rechazada.
El TC declaró admisible el requerimiento el 15 de diciembre, fijando un plazo hasta el 4 de enero para que la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República conozcan la solicitud y presenten observaciones. Mientras se espera la decisión sobre la suspensión del caso, el Ministerio Público presentó sus descargos para declarar la inadmisibilidad del requerimiento.
Fiscal Nacional argumenta que hechos son recurrentes
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que el Ministerio Público formalizó a Eduardo Macaya como autor de cuatro hechos de abuso sexual con contacto, afectando a cuatro víctimas distintas, con tres de ellos siendo reiterados. Argumentó que existe reiteración delictual tanto por el número de víctimas como por el número de conductas ejecutadas por el imputado.
El abogado de Macaya, Juan Carlos Manríquez, defendió el argumento ante el TC, destacando que el requerimiento presenta una exposición clara de los hechos y fundamentos legales. La discusión sobre la suspensión del caso en San Fernando dependerá de la decisión final del TC.
