En 1993 las municipalidades se unieron en torno a una organización común para velar por los intereses de sus asociados. Formaron entonces la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con distintas funciones de colaboración, capacitación, defensa corporativa, vinculación internacional, entre otras.
La asociación nace desde los inicios de la transición, empapada de los criterios binominales de la época con el fin de asegurar un equilibrio de fuerzas en su composición.
«Desde entonces, los gobiernos locales han sido representados ante el Estado Central por la AChM, constituyendo en su interior, Comisiones técnicas que le permiten abordar y profundizar temáticas específicas, como vivienda, salud, educación, medio ambiente, entre otros», según indican en la descripción de su sitio.
Por este servicio, cada municipalidad se compromete a pagar el 0,2 % del total de los ingresos
propios permanentes. Punta Arenas paga 10 millones mensuales. En Maipú esta cifra podría ser, al menos, cuatro veces superior.
Locutor VIP en salud
El primer llamado de alerta vino desde el fin de Chile: Magallanes. Fue el concejal de Punta Arenas Arturo Díaz (Convergencia Social), quien puso la lupa sobre lo que estaba pasando.
Después de un año de investigar a fondo el funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades llegó a la conclusión de que se trataba de «una entidad muy alejada de lo que la ciudadanía espera del desarrollo de la actividad política«.
La Voz habló en exclusiva con el concejal magallánico, quien justifica este lapidario juicio poniendo información sobre la mesa.
La primera crítica de Díaz está relacionada con la utilidad de la asociación para los vecinos:
«Qué beneficios ha traído para sus comunas estar adscritos a la ACHM. Estoy seguro que les costara encontrar una respuesta, la crítica va enfocada a que es una institución que no se condice en lo absoluto con lo que los ciudadanos esperan de nosotros«.
Pero lo que realmente le hizo ruido fue encontrarse planillas sueldos «inflados» y que despiertan sospecha a su juicio. Efectivamente, al consultar en la página de transparencia de la asociación, es posible ver bajo el ítem «Contrataciones sujetas al código del trabajo» glosas que llaman la atención.
Es el caso de un locutor que trabaja como coordinador del área salud con un sueldo de $2.592.365. Se trata de Jaime Ahumada Robles, miembro del «equipo institucional», quienes están encargados de distintas áreas como Producción, Control, Relaciones Internacionales, Comunicaciones, Educación, Estudios, entre otras.
Militante demócrata cristiano de la Ligua, candidato a diputado el 2000 y cercano a la campaña de Carolina Goic, nada en su perfil público parece justificar la idoneidad de su cargo ni su sueldo.
Aparece trabajando a honorario el año 2015 para la Municipalidad de la Granja como «apoyo al servicio de promoción de salud en participación de las actividades del área de la salud municipal, y la interacción del municipio y su departamento de salud con la comisión de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades».
Esta descripción consta en una comisión de servicio a Arica, casualmente organizada por dicha asociación, cuyo presidente es Felipe Delpín Aguilar (DC), quien es al mismo tiempo alcalde de la Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Revisando las glosas de sueldos se repiten más casos, como el de Rubén Arias Olivo, técnico en comunicación audiovisual, quien asesora a la asociación en asuntos internacionales por $ 1.648.000.
Arias ya tenía una relación con la asociación cuando trabajaba en la Municipalidad de Colina como Jefe de Organizaciones Comunitarias y Programas sociales del 2001 al 2008, bajo la administración del alcalde Mario Olavarría Olivo. Mismo alcalde que fue formalizado en un emblemático caso de corrupción por cohecho y soborno, para luego ser absuelto ya que el tribunal no pudo determinar «pruebas suficientes para acreditar las coimas».
Al seguir revisando la planilla de contrataciones es posible observar patrones similares en otros funcionarios.
David contra Goliat
Con estos antecedentes en mano, el concejal Díaz comenzó a poner el tema en la tabla del Concejo Municipal de Punta Arenas.
El «hondazo» de Díaz se produjo tras la solicitud del alcalde Claudio Radonich (RN) de contar con la presencia de representantes de la AChM a fin de aclarar estas situaciones.
A la reunión asistió Jaime Belmar Labbe, Secretario Ejecutivo de la asociación acompañado de dos abogados, quienes participan en la sesión del concejo Nº82 del año 2019. Allí el concejal Díaz preguntó directamente si era posible que alguien trabajara en la asociación al mismo tiempo que en una municipalidad. La respuesta fue un categórico no.
Pues bien, dos concejos más tarde el mismo concejal presentó documentación que probaba que Jorge Araya Moya (Demócrata Cristiano) fue contratado por la AChM como «encargado de capacitaciones» por 1.830.000 pesos al mismo tiempo que era funcionario de la Municipalidad de La Granja por $ 2.000.000 de pesos brutos. Es decir, un doble sueldo de casi 4 millones de pesos.
Nuevamente, el eslabón común es Felipe Delpín Aguilar, alcalde de la Granja y Presidente de la AChM.
En vista de estos antecedentes y la evidente contradicción de la AChM, el concejo de Punta Arenas votó por desafiliarse de la Asociación Chilena de Municipalidades en base a las evidencias de sueldos inflados y falta de competencias técnicas, sentando un duro precedente para otras comunas del país.
El concejal independiente por Chile Vamos, Vicente Karelovic, fue uno de los que expresó su rechazo en una de sus últimas intervenciones poco antes de fallecer:
«Es evidente la dilapidación de recursos que aportan los municipios del país en sueldos altos a la Asociación Chilena de Municipalidades, cuya explicación que hicieron los ejecutivos de la asociación que estuvieron aquí fue insatisfactoria y falsa, como lo acaba de demostrar el colega Arturo Díaz. Esto amerita retirarnos de la Asociación de Municipalidades ya que esto presume corrupción«.
«No me cabe duda que el posible rechazo que planteemos nosotros será imitado por otras municipalidades», terminó señalando en su intervención quien fuera considerado por algunos el «patriarca» de la derecha magallánica.
La profecía de Karelovic: el posible camino de la desafiliación
No es fácil encontrar concejales que se refieran al tema. Ya sea por desconocimiento, desinterés o posibles conflictos de interés. Son pocos los alzan la voz y opinan sobre la utilidad de la asociación.
Uno de ellos es Camilo Kong (Convergencia Social), concejal por Antofagasta, quien señala que » muchas de estas asociaciones son pequeños espacios que si bien son legales en la practica son bolsas de trabajo de personas de partido, principalmente del duopolio que no han sido electos o reelectos en cargos públicos«.
Sobre los dineros agrega: «mi llamado es ver qué pasa con los montos que se entregan. por ejemplo, el año pasado se hizo un encuentro de concejales en Osorno. Se reunieron 900 concejales cada uno con una cuota de incorporación de 200 mil pesos. Son recursos que uno no sabe dónde van a parar.»
Misma opinión tiene Matías Freire, concejal independiente por San Miguel.
«Las asociaciones como la ACHM o la AMUCH no sirven para lo sustancial que es ser u grupo de presión para introducir cambios profundos en la legislación. Si sus dirigentes son corruptos o lo fueron, es un hecho más de la causa, y un argumento más para desafiliar a los municipios o replantear las formas asociativas, que más parecen instancias para generar lobby que debatir en torno a cambios de fondo«.
Sin embargo, hay voces que rescatan el trabajo de la asociación. Una de esas figuras es la del concejal por Maipú, Alejandro Almendares (Renovación Nacional), quien tiene una visión positiva del organismo. Nos cuenta que en junio de este año la asociación fue invitado junto a distintas autoridades a conocer en terreno el sistema de salud del País Vasco:
«El viaje tendrá beneficios porque estamos trabajando la modalidad de envejecimiento activo de la tercera edad y el programa para tratar el VIH. La asociación genera redes y contacto en todas las comunas porque varios problemas que son locales pero se trabajan de distintas maneras. Genera asociatividad entre gobiernos locales, permitiendo que las autoridades puedan dialogar entre ellos y transferir experiencias«.
Finalmente, mediante decreto fecha 30 de abril la Municipalidad de Punta Arenas aprobó la desafiliación a la Asociación Chilena de Municipalidades. De paso, se reasignaron esos 10 millones de pesos para ayudar a un joven puntarenense que necesitaba trabamiento médico fuera del país.
La señal es fuerte, pues fue el mismo alcalde Claudio Radonich (RN), quien tras escuchar los antecedentes decidió dar el voto que se necesitaba para salirse. «En este mundo uno da señales. Yo voy a votar y con el dolor porque trabajé ahí para salirnos. Y lo voy a votar esperando que durante este año se tomen las medidas correctivas y se haga un cambio de actitud», señaló justificando su voto.
Consultados por estos hechos, otros concejales en Maipú declinaron referirse al tema o solicitaron más tiempo para estudiar los antecedentes.
Documentos adjuntos:
