En los últimos días, la municipalidad de Maipú inauguró los servicios de cuatro buses eléctricos que operarán de manera gratuita con cuatro diferentes recorridos en la comuna.
Tal como se publicó en la plataforma del municipio, cada bus está equipado con conexión wifi, cargador USB, aire acondicionado, cinturón de seguridad, acceso universal, entre otras características y buscan “acercar a los vecinos y vecinas de los barrios más distantes de la comuna hasta el centro”.
Para llevar a cabo este proyecto, el Consejo Regional fue quien otorgó un presupuesto que alcanzó la suma de $ 1.446.219.000, a partir de lo cual la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) abrió un correspondiente proceso de licitación pública en febrero de este año, apenas se dispuso del recurso.
Sin embargo, según la explicación que dio Matías Silva Obreque, director de SECPLA de Maipú, en el concejo municipal ordinario del pasado 9 de abril donde se aprobó esta compra, la licitación pública fue declarada desierta “por no existir ofertas que hayan calificado” y “oferentes que no entregaron la garantía de seriedad de las ofertas”.
Debido a esto, continúa Silva, se procedió a una “cotización de 9 proveedores, de los cuales 3 presentaron ofertas, calificando solo Asiamotors por un monto ofertado de $1.034.357.751”, por lo que se propuso ante el concejo la contratación de esta opción vía trato directo.
Lo curioso de esta propuesta es que la empresa recién mencionada aparece como rechazada junto a otros seis proveedores en el resumen de ofertas de la licitación, algo que no dejó indiferente a algunos concejales como Abraham Donoso, quien mencionó en la oportunidad que había denuncias de empresas que señalan procesos irregulares en las adjudicaciones.
«En este tipo de licitación donde se le pregunta solo el nombre y cuánto cobra no me parece […] si esta misma empresa no cumplía con los requisitos administrativos y quedó fuera de base, pero ahora sí preguntándoles el nombre y cuánto cobran sí cumple», señaló Donoso, apuntando también a que era la séptima vez que pasaba algo similar en los últimos cuatro meses.
Tras el cuestionamiento, tanto el director de SECPLA, el Administrador Municipal, Abel Sepúlveda y la directora de Asesoría Jurídica, Érika Farías, defendieron el proceso como totalmente transparente y conforme al reglamento, además de argumentar con la urgente necesidad de los vecinos y vecinas de contar con el servicio.
«Quiero hacer presente que el artículo 10, número 7 de la ley del Reglamento de Compras Públicas dice que procede el trato directo cuando, habiéndose allanado un proceso licitatorio, las ofertas son inadmisibles por no cumplir con los requisitos se puede llamar a una oferta privada», señaló Farías.
Por su parte, la alcaldesa Cathy Barriga dijo que tampoco estaba de acuerdo con los tratos directos y que había hecho las mismas preguntas al equipo jurídico. «Para mí no es grato pasar tratos directos por este Concejo, el equipo lo sabe […] hice la pregunta porque nosotros tenemos una urgencia con los buses, primero, por qué se tardó tanto si ya había sido aprobado por el Consejo Regional. Las razones jurídicas las tiene el equipo», dijo Barriga.
Los argumentos posteriores continuaron apelando a la necesidad de concretar lo antes posible el proyecto en beneficio de la comunidad y su movilidad, pues un nuevo proceso de licitación tardaría meses o el precio en el actual contexto económico podría cambiar y, eventualmente, el Gobierno Regional no aprobaría un aumento de presupuesto, entre otras cosas.
A pesar de la acalorada instancia, hoy vemos los frutos de la aprobación del concejo con 5 votos a favor de los concejales Alejandro Almendares, Horacio Saavedra, Gonzalo Ponce y Karen Garrido, además de la alcaldesa y 4 en contra de Pedro Delgadillo, Ariel Ramos, Marcela Silva y Abraham Donoso, quien agregó que realizaría una solicitud de investigación de este proceso ante el Ministerio Público.
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