El imputado es Cristian Abarca, progenitor de la menor, quien a finales de febrero fue formalizado por abuso sexual de menor de 14 años, consumado y de carácter reiterado, en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, siendo sujeto únicamente a prohibición de acercamiento.
La demanda lleva 2 años en transcurso y Daniela Villena, madre de la menor, exige justicia puesto que Fiscalía solicitó un arresto domiciliario total para el imputado, quien vive muy cerca de su hogar, pero esta medida no se dictaminó a principios de este año.
La sentencia que pidió la Fiscalía no fue concebida en la instancia jurídica porque la jueza estimó que la medida de acercamiento era la acorde y en su criterio estableció que no le constaba que el imputado lo volviera a hacer.
Antecedentes del caso
Daniela Villena, madre de la menor de 14 años, relató a La Voz de Maipú, que luego del nacimiento de su hija dio fin a su relación con el individuo y unos años después, le cedió el cuidado de su hija al padre durante los fines de semana porque necesitaba más tiempo para trabajar y le venía bien esa ayuda, según comenta. Por lo tanto, este hecho dio paso a visitas regulares de la hija a la casa del imputado.
Estas visitas finalizaron cuando en septiembre del 2018, la madre se enteró de las vejaciones sexuales que habría sufrido la menor por parte de su padre.
Tras el hecho, Daniela fue a interponer una denuncia a Fiscalía, junto con ingresar a su hija a un programa de Protección Especializada al Maltrato y Abuso Infantil (PRM) de la Fundación Ciudad del niño de Cerrillos.
En el programa redactaron un informe de la menor que, entre otros, da cuenta de lo veraz de las acusaciones. Como también se afirma en la pericia psicológica del Servicio Médico Legal (SML) -entregada a la madre en agosto del año pasado- documento que al mismo tiempo aclaró que no existen influencias externas en lo relatado por la menor.
Vivir encerradas
Daniela relata que su casa queda a pocos minutos del sector donde vive el individuo junto con sus familiares, lo que dificulta sus salidas por miedo.
Resulta que, en distintos transcursos de tiempo, fue increpada en la calle por familiares del acusado, amenazada de muerte y sufrió un fuerte episodio de violencia en una feria libre a manos de los familiares del imputado y que terminó con lesiones menos graves, según relata.
Por la amenaza de muerte, Daniela interpuso una denuncia en Carabineros que concluyó en una medida cautelar de prohibición de acercamiento por tres meses de la familiar- hermana del acusado- a la afectada.
En tanto, por el episodio de violencia en contra de la madre de la menor, se efectuó una denuncia en la institución policial, pero la víctima declara que nunca volvieron a retomar contacto con ella.
Poco compromiso de la Municipalidad
En marzo del año pasado, la madre de la menor buscó ayuda en la Municipalidad de Maipú, quienes le asignaron un abogado que, expresa Daniela, no fue capaz de comprometerse con el caso al igual que su sucesor, por lo que decidió no seguir con la ayuda del municipio.
La Voz de Maipú intentó comunicarse con la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio de Maipú y en respuesta expresaron que sus funciones solo consisten en revisar casos y que los implicados son abogados de la alcaldía. Luego de insistentes llamados, no se pudo obtener su versión.
Lentitud de la Fiscalía
La madre de la menor manifiesta que la única forma de acelerar el proceso de la investigación es por medio de un abogado querellante, y que para obtener este servicio necesita una cifra elevada de dinero que no puede pagar. En consecuencia, desde febrero que es aplazado el caso.
Además, Daniela acusa a los fiscales de “la poca diligencia que tienen y el poco proceder en estas denuncias que están catalogadas como graves”. Asimismo, dice que “el Fiscal que me asignaron en ese momento no fue capaz de refutar a la jueza, de presentar un recurso para que cedieran al arresto domiciliario y que revocaran la medida cautelar que le dieron”.
Por su parte, desde la Fiscalía Local de Maipú indican que esta semana se ingresó una nueva solicitud para ampliar el plazo de investigación y que existe una demora en la entrega de resultados de peritajes encargados por Juan Paulo Díaz, el nuevo Fiscal del caso.
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